Legitimidad resquebrajada

Luis Paulino Vargas Solís
http://www.tribunademocratica.com/2007/07/legitimidad_resquebrajada.html


La institucionalidad ¿tiene legitimidad porque así lo decreta la ley o la tiene porque se la gana con sus decisiones y los resultados concretos que entrega? Esta es una pregunta clave, la cual, como cabía esperar, es sistemáticamente eludida por esos conocidos voceros de las oligarquías que, recitando un libreto harto trillado, se fingen compungidos y escandalizados cuando la ciudadanía se expresa cuestionadora y escéptica.

Para empezar, repetiré algunas cosas obvias. Primero, esa institucionalidad está efectivamente fundada en la ley. Sus decisiones tienen, por lo tanto, la fuerza que les concede la ley, siempre, desde luego, que se enmarquen dentro de los espacios que esa misma ley delimita. En consecuencia, y siendo de tal modo decisiones legalmente fundadas, tienen carácter obligante tanto como la ley misma es compulsiva y está respaldada por el poder represor en manos del Estado.

Ahora bien, subrayemos que nada garantiza a priori que una ley, por el hecho de serlo, sea necesariamente justa. La esclavitud que el Imperio Británico practicaba masivamente, estaba fundada en sus propias leyes imperiales, pero no por ello resultaba menos atroz, cruel e inhumana. La ley que, hasta no hace tantos años, hacía del voto un derecho exclusivamente al alcance de los hombres, resultaba, también, una ley por completo injusta.

Pero además es necesario considerar que, de cualquier manera, las leyes son aplicadas por seres humanos, los cuales actúan en el contexto, y por lo tanto constreñidos, por organizaciones que, en general, son defectuosas en grados variables. También debe recordarse que ninguna persona, entre quienes son responsables de tales decisiones, es inmune a las luchas de intereses que tienen lugar en la sociedad. Asimismo esas personas son portadoras de ideología, es decir, y de forma más o menos conciente o inconsciente, tienen una cierta visión del mundo y de la sociedad, así como unas particulares preferencias. Por lo tanto, y en conclusión, incluso la mejor de las leyes puede dar lugar a las peores decisiones, puesta en manos de gente incapaz o corrupta o indolente, o enmarcada en organizaciones ineficientes o mal diseñadas.

Cuando la ley, así como las instituciones que ésta funda, dan lugar a resultados manifiestamente inapropiados, sientan las bases para su descrédito y, eventualmente, para su deslegitimación. Aclaremos: no se trata de una deslegitimación en sentido jurídico. Ello es simplemente imposible por tautológico y redundante: lo que se hace con arreglo a la ley es, por definición, legal y, en consecuencia, legalmente legítimo (conste que lo advertí). Hablemos mejor de legitimidad en sentido social y político, asunto, sin duda, bien distinto.

Los últimos veinte y tantos años aportan un registro generoso de lo que esto significa. Hagamos un poco de memoria. Cada nueva campaña electoral reiteraba una misma obra de teatro: el candidato-chunche-para-la-venta soltaba un largo rosario de promesas que, básicamente, tenían en la gente un efecto de inflación de las expectativas. El pueblo efectivamente confiaba que Arias lo haría mejor que Monge; y Calderón mejor que Arias; y Figueres Olsen mejor que Calderón, y así sucesivamente. Pero luego venía la frustración cuando se constataba la mentira. Cada gobierno se limitaba a complacer los designios de las oligarquías, en casi completa ignorancia de las necesidades y demandas populares. No entendieron una cosa elemental: nuestro pueblo es confiado y, a veces, un poco ingenuo. Pero no es tonto. Cayó en cuenta de la farsa. Lo demás es historia conocida y ha quedado bien reflejado, entre muchas otras cosas, en las estadísticas electorales.

No reparemos, de momento, en los nada infrecuentes episodios de corrupción, donde se producía violencia directa sobre la ley. Limitémonos a constatar que, en general, los gobernantes decidían con apego a las potestades que las leyes les concedían. O sea, gobernaban gozando de legitimidad legal. Pero ello no impidió lo otro, aún más certero y contundente: su gravísima pérdida de legitimidad política y social. Pensemos tan solo: ¿Cuál es hoy la opinión de nuestro pueblo respecto de partidos, parlamento, políticos, gobierno…incluso poder judicial? Resulta innecesario entrar en detalles. Justo a eso me refiero cuando digo deslegitimación social y política. Y las leyes, por cierto, no son resguardo suficiente frente a ese tipo de deslegitimación. Por muy legales que fueran las decisiones injustas de los gobiernos, injustas se quedaban. Y a la larga el pueblo ha sabido entenderlo así.

Exacto eso acontece hoy día con la Sala IV y el Tribunal Supremo de Elecciones. Éste no tiene empacho en atropellar la autonomía universitaria, pero en cambio se declara ciego y sordo ante lo obvio: el uso, público y desembozado, que el Presidente –y sus ministros y diputados– hacen de los recursos públicos con fines manifiestamente publicitarios a favor del sí.

Y con respecto a la Sala IV , lo ilustraré así: cuando me puse a leer el pronunciamiento de los cinco que nos han impuesto la “constitucionalidad” del TLC, no pude evitar percibir un detalle que viene a ser como el hilo dorado que cruza todo el escrito de marras: sus argumentos son sorprendentemente similares –como una gota de agua a otra– a los que repiten los del sí desde hace muchos meses. Los conozco rebién; los he leído en La Nación ; los dice Arias; los repite Del Vecchio; los reiteran los telecistas en cada foro o mesa redonda. Los mismitos argumentos. Pero qué casualidad, me dije. Yo que esperaba una sólida pieza jurídica constitucional, me topo con argumentos que yo mismo he rebatido en el cara a cara que más de una vez he tenido –incluso en aulas y salones de las hoy vilipendiadas universidades públicas– con los del sí.

La imagen de conjunto es clara: una Sala IV que impone la constitucionalidad del TLC con base en planteos inequívocamente identificados con el discurso telecista, a lo sumo “enriquecidos” por argumentos sofísticos y leguleyos. Y ante eso ¿qué se suponen que debíamos hacer? ¿Aplaudir la “independencia” de criterio de los magistrados y la “originalidad” de sus conclusiones?

El Tribunal de Elecciones y la Sala IV vienen sembrando, oficiosos y dedicados, los vientos de su deslegitimación social y política. Ya la borrasca se está transformando en huracán de grandes proporciones. Admitamos, sin embargo, que la cosa no se limita a estos dos importantes tribunales. El ciclón, a decir verdad, está resquebrajando la legitimidad de toda la institucionalidad y la culpa es, íntegramente, de estas angurrientas oligarquías neoliberales que hoy la controlan.

Luis Paulino Vargas Solís | Julio 28, 2007