Legitimidad resquebrajada

Luis Paulino Vargas Solís
http://www.tribunademocratica.com/2007/07/legitimidad_resquebrajada.html


La institucionalidad ¿tiene legitimidad porque así lo decreta la ley o la tiene porque se la gana con sus decisiones y los resultados concretos que entrega? Esta es una pregunta clave, la cual, como cabía esperar, es sistemáticamente eludida por esos conocidos voceros de las oligarquías que, recitando un libreto harto trillado, se fingen compungidos y escandalizados cuando la ciudadanía se expresa cuestionadora y escéptica.

Para empezar, repetiré algunas cosas obvias. Primero, esa institucionalidad está efectivamente fundada en la ley. Sus decisiones tienen, por lo tanto, la fuerza que les concede la ley, siempre, desde luego, que se enmarquen dentro de los espacios que esa misma ley delimita. En consecuencia, y siendo de tal modo decisiones legalmente fundadas, tienen carácter obligante tanto como la ley misma es compulsiva y está respaldada por el poder represor en manos del Estado.

Ahora bien, subrayemos que nada garantiza a priori que una ley, por el hecho de serlo, sea necesariamente justa. La esclavitud que el Imperio Británico practicaba masivamente, estaba fundada en sus propias leyes imperiales, pero no por ello resultaba menos atroz, cruel e inhumana. La ley que, hasta no hace tantos años, hacía del voto un derecho exclusivamente al alcance de los hombres, resultaba, también, una ley por completo injusta.

Pero además es necesario considerar que, de cualquier manera, las leyes son aplicadas por seres humanos, los cuales actúan en el contexto, y por lo tanto constreñidos, por organizaciones que, en general, son defectuosas en grados variables. También debe recordarse que ninguna persona, entre quienes son responsables de tales decisiones, es inmune a las luchas de intereses que tienen lugar en la sociedad. Asimismo esas personas son portadoras de ideología, es decir, y de forma más o menos conciente o inconsciente, tienen una cierta visión del mundo y de la sociedad, así como unas particulares preferencias. Por lo tanto, y en conclusión, incluso la mejor de las leyes puede dar lugar a las peores decisiones, puesta en manos de gente incapaz o corrupta o indolente, o enmarcada en organizaciones ineficientes o mal diseñadas.

Cuando la ley, así como las instituciones que ésta funda, dan lugar a resultados manifiestamente inapropiados, sientan las bases para su descrédito y, eventualmente, para su deslegitimación. Aclaremos: no se trata de una deslegitimación en sentido jurídico. Ello es simplemente imposible por tautológico y redundante: lo que se hace con arreglo a la ley es, por definición, legal y, en consecuencia, legalmente legítimo (conste que lo advertí). Hablemos mejor de legitimidad en sentido social y político, asunto, sin duda, bien distinto.

Los últimos veinte y tantos años aportan un registro generoso de lo que esto significa. Hagamos un poco de memoria. Cada nueva campaña electoral reiteraba una misma obra de teatro: el candidato-chunche-para-la-venta soltaba un largo rosario de promesas que, básicamente, tenían en la gente un efecto de inflación de las expectativas. El pueblo efectivamente confiaba que Arias lo haría mejor que Monge; y Calderón mejor que Arias; y Figueres Olsen mejor que Calderón, y así sucesivamente. Pero luego venía la frustración cuando se constataba la mentira. Cada gobierno se limitaba a complacer los designios de las oligarquías, en casi completa ignorancia de las necesidades y demandas populares. No entendieron una cosa elemental: nuestro pueblo es confiado y, a veces, un poco ingenuo. Pero no es tonto. Cayó en cuenta de la farsa. Lo demás es historia conocida y ha quedado bien reflejado, entre muchas otras cosas, en las estadísticas electorales.

No reparemos, de momento, en los nada infrecuentes episodios de corrupción, donde se producía violencia directa sobre la ley. Limitémonos a constatar que, en general, los gobernantes decidían con apego a las potestades que las leyes les concedían. O sea, gobernaban gozando de legitimidad legal. Pero ello no impidió lo otro, aún más certero y contundente: su gravísima pérdida de legitimidad política y social. Pensemos tan solo: ¿Cuál es hoy la opinión de nuestro pueblo respecto de partidos, parlamento, políticos, gobierno…incluso poder judicial? Resulta innecesario entrar en detalles. Justo a eso me refiero cuando digo deslegitimación social y política. Y las leyes, por cierto, no son resguardo suficiente frente a ese tipo de deslegitimación. Por muy legales que fueran las decisiones injustas de los gobiernos, injustas se quedaban. Y a la larga el pueblo ha sabido entenderlo así.

Exacto eso acontece hoy día con la Sala IV y el Tribunal Supremo de Elecciones. Éste no tiene empacho en atropellar la autonomía universitaria, pero en cambio se declara ciego y sordo ante lo obvio: el uso, público y desembozado, que el Presidente –y sus ministros y diputados– hacen de los recursos públicos con fines manifiestamente publicitarios a favor del sí.

Y con respecto a la Sala IV , lo ilustraré así: cuando me puse a leer el pronunciamiento de los cinco que nos han impuesto la “constitucionalidad” del TLC, no pude evitar percibir un detalle que viene a ser como el hilo dorado que cruza todo el escrito de marras: sus argumentos son sorprendentemente similares –como una gota de agua a otra– a los que repiten los del sí desde hace muchos meses. Los conozco rebién; los he leído en La Nación ; los dice Arias; los repite Del Vecchio; los reiteran los telecistas en cada foro o mesa redonda. Los mismitos argumentos. Pero qué casualidad, me dije. Yo que esperaba una sólida pieza jurídica constitucional, me topo con argumentos que yo mismo he rebatido en el cara a cara que más de una vez he tenido –incluso en aulas y salones de las hoy vilipendiadas universidades públicas– con los del sí.

La imagen de conjunto es clara: una Sala IV que impone la constitucionalidad del TLC con base en planteos inequívocamente identificados con el discurso telecista, a lo sumo “enriquecidos” por argumentos sofísticos y leguleyos. Y ante eso ¿qué se suponen que debíamos hacer? ¿Aplaudir la “independencia” de criterio de los magistrados y la “originalidad” de sus conclusiones?

El Tribunal de Elecciones y la Sala IV vienen sembrando, oficiosos y dedicados, los vientos de su deslegitimación social y política. Ya la borrasca se está transformando en huracán de grandes proporciones. Admitamos, sin embargo, que la cosa no se limita a estos dos importantes tribunales. El ciclón, a decir verdad, está resquebrajando la legitimidad de toda la institucionalidad y la culpa es, íntegramente, de estas angurrientas oligarquías neoliberales que hoy la controlan.

Luis Paulino Vargas Solís | Julio 28, 2007

Sigamos hablando de números

Dialéctica
Juan Manuel Villasuso
Publicado en el diario La República
7/27/2007

Las cifras publicadas la semana pasada en esta columna, mostrando la caída de las exportaciones de tres países centroamericanos que tienen vigente el TLC con Estados Unidos desde 2006, han causado diversas reacciones.
Algunos se han mostrado sorprendidos. No era de esperar que la aplicación del Tratado produjera una disminución de las ventas externas por cuanto el acceso al mercado norteamericano con el TLC es similar al que esas naciones tenían desde 1985 cuando se otorgó la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, o al menos desde el 2000, cuando se incluyeron los textiles en la CBTPA.
Sin embargo, los datos son inequívocos: las exportaciones de El Salvador, Guatemala y Honduras a Estados Unidos se redujeron en US$160 millones.
Sin duda la explicación de este desempeño requiere mayor análisis. Podría deberse, entre otras razones, a la pérdida del mercado textilero frente a la producción China, a la desaceleración de la economía estadounidense, o a limitaciones de los países para la creación de oferta exportable.
El comportamiento esperado al entrar en vigencia el TLC, en razón de que las preferencias arancelarias que otorga son esencialmente las mismas prevalecientes desde hace mas de dos décadas, era que las exportaciones mantuvieran una tasa de crecimiento parecida a la de los últimos años, es decir, aproximadamente un 4,1% anual promedio (2001-2005). Pero no fue así.
No obstante, se ha señalado que no es válido derivar conclusiones definitivas sobre el impacto del TLC en tan corto plazo. Desde luego, esa previsión es atendible. Sin embargo, no deja de llamar la atención que la conducta observada contrasta con lo que, sin evidencia alguna, plantean quienes señalan que el TLC elevará las exportaciones y creará mayores fuentes de empleo.
Tal y como hace notar el colega columnista don Pedro Oller, todo parece indicar que en los primeros cinco meses del presente año las exportaciones de los países examinados han retomado lo que debe ser su desempeño normal, es decir, un ritmo de crecimiento análogo al que existía previo a la vigencia del TLC.
Debo hacer notar que no he tenido ninguna reacción ante la constatación del importante deterioro de la balanza comercial de estos países centroamericanos al entrar en vigencia el TLC. Esas naciones tenían un superávit con Estados Unidos de US$1.532 millones en 2005 y se redujo a solo US$77 millones en 2006, es decir, una pérdida de US$1.455 millones en un solo año.
Este comportamiento favorable para Estados Unidos fue previsto por el Representante Comercial de ese país, aunque subestimó el resultado real. En el CAFTA Policy Brief de Mayo de 2005 se señala que: “El estudio del U.S. International Trade Commission sobre CAFTA encontró que el efecto del acuerdo sería el de reducir el déficit global de Estados Unidos en US$ 756 millones”. La experiencia del primer año duplicó esos números en solo cuatro países.
La tendencia a la ampliación del desequilibrio comercial de las naciones centroamericanas con los Estados Unidos se ha acentuado en el presente año. En los primeros cinco meses rebasó los US$320 millones.
Las consecuencias macroeconómicas de un TLC cuyo resultado sea una reducción de las exportaciones o un estancamiento de su tasa de crecimiento, al tiempo que las importaciones se elevan a un ritmo superior a la tendencia, pueden ser muy negativas para la estabilidad del sector externo, especialmente cuando existe un alto déficit comercial, como es el caso de Costa Rica.

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Salón Parroquial Coronado


5 agosto
Sala 1 Ciudad de dios
Sala 2 Una verdad inconveniente

12 agosto
Sala 1 El club de la pelea
Sala 2 La corporación

19 agosto
Sala 1 El jardinero fiel
Sala 2 Fahrenheit 911

26 agosto
Sala 1 Carandiru
Sala 2 La ciudad fronteriza

2 set
Sala 1 Diarios de motocicleta
Sala 2 Memoria del saqueo

9 set
Sala 1 Tsotsi
Sala 2 sicko

16 set
Sala 1 El polaquito
Sala 2 De Zapata a los zapatistas

23 set
Sala 1 V de venganza
Sala 2 Oro por cuentas de vidrio

30 set
Sala 1 Adiós Lenin
Sala 2 Costa Rica S.A.

FALLO DE LA SALA IV SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DEL TLC

Sentencia número 2007-9469 de las 10:00 hrs. del 03-07-2007
Se evacuan las consultas formuladas en el siguiente sentido:
Primero.- Por mayoría de los Magistrados Solano, Vargas, Armijo,
Jinesta, y Cruz, se admiten ambas consultas. La Magistrada Calzada salva el
voto, únicamente, en cuanto a la procedencia de la consulta de las
diputadas y los diputados y la declara inadmisible. El Magistrado Mora
salva el voto y declara inadmisibles ambas consultas.
Segundo.- Por mayoría de los Magistrados Solano, Mora, Calzada, Vargas
y Jinesta se evacuan las consultas, en el sentido de que no se
observan vicios de constitucionalidad en el Tratado consultado. Los
Magistrados Armijo y Cruz salvan el voto y evacuan la consulta en el sentido de
que resulta inconstitucional: a) lo dispuesto en cuanto a la Comisión
de Libre Comercio; b) del Capítulo de Telecomunicaciones lo que se
refiere a la aplicación retroactiva del Anexo 13; c) lo dispuesto en
materia ambiental, salvo lo relativo a la participación ciudadana; d) lo
relativo al proceso de certificación en los Estados Unidos; e) el
arbitraje Inversionista-Estado; f) la figura de la Comisión de Libre
Comercio; g) el tema de los medicamentos en el Capítulo de Propiedad
Intelectual; y h) en lo que respecta a resolución de controversias,
inversiones y salud, en cuanto afecta el Estado Social y Democrático de Derecho.

El Magistrado Armijo, además, considera inconstitucional el concepto
de territorio establecido en el Tratado.
Tercero.- Por mayoría de los Magistrados Solano, Mora, Calzada, Vargas
y Jinesta se declara que no ha lugar a evacuar la consulta en cuanto a
los temas de procedimiento legislativo. Los Magistrados Armijo y Cruz
salvan el voto respecto de este tema de la siguiente manera: a) es
inconstitucional el trámite de la iniciativa relativa a la aprobación del
Tratado consultado, por vulnerar el contenido esencial del artículo
10 de la Constitución Política, al no haberse efectuado la consulta
preceptiva contemplada en esa norma; b) viola el Derecho de la
Constitución, el hecho que el Plenario de la Asamblea Legislativa, en el acuerdo
tomado en la sesión ordinaria N° 183 de 23 de abril de 2007, haya
modificado los términos de la iniciativa del Poder Ejecutivo para
someter a referéndum el Proyecto aludido, así como en la comunicación del
Directorio de la Asamblea Legislativa N°. 6323-06-07; c) constituye
una violación de los principios que informan este proceso, en particular
del principio democrático y de publicidad, el hecho que se haya
omitido efectuar la traducción oficial al idioma español, de la integridad
del texto del Tratado aludido, teniendo en consideración que los
folios 2179 y 2581 del expediente legislativo N° 16.047 están en el
idioma inglés; d) es inconstitucional la omisión de incluir el contenido
del acta de la sesión N° 183 de 23 de abril de 2007 del Plenario de la
Asamblea Legislativa, en el expediente legislativo N° 16.047 , por la
violación de los principios de seguridad jurídica y de publicidad.
Cuarto.- Por unanimidad, se declara inadmisible la ampliación
presentada por las diputadas y los diputados y las gestiones planteadas por
personas no consultantes.
Notifíquese en los medios señalados, así como al Tribunal Supremo de
Elecciones.-