Liberalizacion Financiera a Medias

Dialéctica
Juan Manuel Villasuso
8/24/2007

Los teóricos de la liberalización financiera han sostenido que la represión financiera, producto de la aplicación de políticas de control sobre las tasas de interés, encajes obligatorios y asignación directa del crédito por medio de entidades gubernamentales, tiene efectos perjudiciales en la generación del ahorro en los países.

A partir de esta argumentación se plantean propuestas que incluyen menor intervención estatal, mayor competencia y apertura de los mercados a los flujos financieros internacionales, para lo cual deben eliminarse los controles al tipo de cambio, las barreras institucionales y los obstáculos a la entrada de capital extranjero.

Esta corriente de pensamiento, fundamentada inicialmente en los razonamientos de MacKinnon y Shaw, impulsa de manera simultánea la liberalización de los mercados financieros y la aplicación de nuevas normas de regulación y supervisión prudencial.

En Costa Rica esos planteamientos cobraron vigencia desde mediados de los años 80; y se hicieron cambios normativos, entre ellos la Ley 7558, cuya finalidad era propiciar una mayor apertura al sector privado, al tiempo que establecía prohibiciones a la banca para incursionar en actividades sin un sólido respaldo prudencial, aunque eso significara dejar de financiar proyectos con alta rentabilidad social.

Con los años se observa que las políticas adoptadas no han logrado muchos de los objetivos propuestos: no han reducido los márgenes de intermediación ni han encogido significativamente las distorsiones en la estructura de las tasas de interés. Lo que sí han hecho es reemplazar la visión de función pública que se tenía del sistema financiero por otra que remite únicamente a las ganancias, así como ampliar los ámbitos de operación de los intermediarios financieros privados.

Otro resultado de las reformas, ya lo hemos dicho, ha sido la profundización de la segmentación en los mercados de crédito, que se expresa en una preferencia hacia sectores con mayor grado de modernidad y solvencia, quedando sin atención proyectos con alto rédito colectivo pero con mayores niveles de riesgo.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, la ausencia de mercados de capitales desarrollados que ofrezcan fuentes alternativas de recursos y la exagerada aversión al riesgo de la banca comercial, propician que muchos proyectos socialmente relevantes, pero con baja rentabilidad privada, no obtengan los fondos necesarios para su ejecución.

Algo que llama poderosamente la atención en este devenir de la liberalización financiera costarricense es que el proceso es restringido y limitado en términos internacionales.

Un ejemplo es lo estipulado en el capítulo de servicios financieros del Tratado de Libre Comercio. Contrario a lo esperado, en el TLC se mantiene la prohibición a los bancos extranjeros para que puedan establecer sucursales en Costa Rica. Eso constituye una limitación institucional al comercio cuya consolidación en el Tratado no deja de sorprender, sobre todo porque no se extiende a otros sectores como las telecomunicaciones y los seguros. También representa el fortalecimiento de una barrera de entrada que beneficia a las entidades financieras residentes.

¿Cómo consiguieron los negociadores del TLC ese trato diferenciado para el sector financiero y no para otras actividades? ¿Cuáles fueron los argumentos y justificaciones para impedir la completa liberalización? Valdría la pena conocer la respuesta.