San José, 27 de junio de 2007.
S.G. 05-05-1402-07
¡URGENTE!
Diputada
Sandra Quesada Hidalgo
Fracción Parlamentaria
Partido Liberación Nacional (PLN)
Asamblea Legislativa
Respetable señora Diputada:
Respetables ciudadanos del Cantón de Turrialba han traído hasta nuestra oficina, con gran indignación, un volante dirigido a la población de la zona con el título de "Conozca quiénes impulsan el NO al TLC", en el cual aparecen los rostros de figuras internacionales de la política latinoamericana, concretamente de los señores Fidel Castro y Hugo Chávez; así como los de varios costarricenses que, como es de amplio conocimiento público, estamos contra ese TLC; tales como el distinguido señor Expresidente de la República, Lic. Rodrigo Carazo Odio y el ilustre diputado don José Merino del Río, amén del suscrito.
Sobre mi persona, esa vil comunicación anónima plantea lo siguiente: "Albino Vargas- Secretario General ANEP-Sin oficio ni beneficio conocido. Sindicalista de profesión. Lidera la lucha de los sindicatos del sector público costarricense: 'trabajar lo menos posible, ganar lo máximo posible". Ve amenazado su poder ante una posible apertura de monopolios del sector público".
Este infame volante, cobardemente repartido por los partidarios del Sí al TLC, también está siendo distribuido por una oficina que usted tiene, señora diputada Sandra Quesada, en la comunidad turrialbeña. La hago responsable del daño a mi honor que tiene esa vulgaridad y que revela la pobreza intelectual de las personas que defienden el TLC, al punto de que deben recurrir a tales bajezas. Tenemos testigos suficientes para demostrar que estos volantes han salido de su oficina en Turrialba.
Resulta difícil de creer que usted sea capaz de tanta ignominia. Y si no es por orden suya la distribución de tal infame pasquín, lo cual es difícil de creer, estaría usted rodeada de personas que solamente le traen deshonor a su gestión como persona pública y como ciudadana que ostenta tan alto cargo en el sistema parlamentario de la República.
Le lanzo, respetuosa pero vehementemente, un reto señora diputada Sandra Quesada, para que su persona y la mía, debatamos, con altura, sobre el TLC, delante de la comunidad turrialbeña ó en el escenario que usted escoja. Los y las costarricenses, sobre todo las personas más humildes, nuestros y nuestras compatriotas más sencillos, la gente del trabajo, merece más respeto por la inteligencia y la sabiduría popular que les asiste. Ese sucio pasquín, no solamente irrespeta a quienes hemos sido aludidos tan infamemente en él, sino a la gente a la cual se pretende confundir, engañar y estafar políticamente con tan asqueroso mensaje.
¿Qué diría usted, si en un volante de similar bajeza, señalando figuras connotadas a favor del sí, pusiéramos al Exgerente General del Banco Anglo Costarricense, Carlos Hernán Robles Macaya, hoy purgando una condena en prisión y quien está a favor del TLC?; ¿qué tal si entre los rostros del Sí, pusiéramos a los expresidentes de la República con procesos penales serios, como los señores Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Rafael Ángel Calderón Guardia?, ¿qué tal si pusiéramos los rostros de connotados empresarios a favor del Sí al TLC, como Emilio Bruce o Walter Reiche, involucrados en los asuntos del escándalo Caja-Fischel; ó los empresarios y políticos del Sí al TLC, involucrados en el escándalo de Alcatel?... No, señora diputada, a nosotros eso no nos parece ético.
Le exijo las disculpas de rigor. Adjuntamos a la presente el volante de marras.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
1 Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
1 Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia.
1 Señores y señora, Magistratura del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
1 Lic. Rodrigo Carazo Odio, Expresidente de la República.
1 Lic. José Merino del Río, Diputado Fracción Parlamentaria Frente Amplio, Asamblea Legislativa.
1 Movimiento Patriótico NO a TLC.
1 Monseñor José Francisco Ulloa, Presidente, Conferencia Episcopal de Costa Rica.
1 Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República.
1 Medios de Comunicación Colectiva.
1 Junta Directiva Nacional de ANEP.
1 Comité Patriótico de Juan Viñas.
1 Comité Patriótico de Turrialba.
1 Archivo.
La caricatura de MECHO
miércoles, 27 de junio de 2007
lunes, 25 de junio de 2007
GOBIERNO DE ARIAS EN CAMPAÑA SUCIA
Reparten bonos, becas y mentiras
COMUNICADO DE PRENSA DEL PARTIDO FRENTE AMPLIO
Mientras el presidente Arias reparte bonos de vivienda y becas para colegiales en los actos oficiales, personas que le acompañan en sus giras distribuyen propaganda ofensiva y calumniosa contra dirigentes políticos y sociales opositores al TLC con los Estados Unidos.
“Por lo visto al mandatario no le basta la utilización descarada de los recursos públicos para intentar ganar adeptos en el referéndum, y debe además manipular la información y recurrir a la mentira”, comentó el diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio.
Ahora en las actividades donde participa Oscar Arias, junto a los folletos proselitistas de COMEX se distribuyen panfletos donde se confunden ataques contra los gobiernos de Venezuela y Cuba, a la par de insultos al ex Presidente Rodrigo Carazo, el dirigente sindical Albino Vargas y el diputado Merino.
“La desesperación ha llegado a tal grado en el gobierno, que han disparado todos los mecanismos de clientelismo al máximo, ofreciendo bonos de vivienda, becas estudiantiles del programa Avancemos, trabajo en el sector de educación o la policía, permisos para transporte público de personas o pensiones no contributivas, a lo que han sumado una campaña de corte maccartista buscando el voto de los sectores menos informados de la población”, agregó el legislador del Frente Amplio.
Para el diputado Merino esta campaña de “guerra fría” confirma la derechización de un gobierno de “república bananera y maquiladora” como el de Arias, aliado de los republicanos de Mr. Bush y de las oligarquías centroamericanas, mientras pueblos y gobiernos de toda la América Latina transitan por vías más independientes y más favorables para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de las mayorías.
Finalmente, el diputado Merino, dijo que el NO al TLC es una coalición de fuerzas nacionales, sociales y políticas, de tal magnitud, inteligencia y conciencia patriótica, que no se dejará afectar por los engaños y mentiras del gobierno de Arias.
COMUNICADO DE PRENSA DEL PARTIDO FRENTE AMPLIO
Mientras el presidente Arias reparte bonos de vivienda y becas para colegiales en los actos oficiales, personas que le acompañan en sus giras distribuyen propaganda ofensiva y calumniosa contra dirigentes políticos y sociales opositores al TLC con los Estados Unidos.
“Por lo visto al mandatario no le basta la utilización descarada de los recursos públicos para intentar ganar adeptos en el referéndum, y debe además manipular la información y recurrir a la mentira”, comentó el diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio.
Ahora en las actividades donde participa Oscar Arias, junto a los folletos proselitistas de COMEX se distribuyen panfletos donde se confunden ataques contra los gobiernos de Venezuela y Cuba, a la par de insultos al ex Presidente Rodrigo Carazo, el dirigente sindical Albino Vargas y el diputado Merino.
“La desesperación ha llegado a tal grado en el gobierno, que han disparado todos los mecanismos de clientelismo al máximo, ofreciendo bonos de vivienda, becas estudiantiles del programa Avancemos, trabajo en el sector de educación o la policía, permisos para transporte público de personas o pensiones no contributivas, a lo que han sumado una campaña de corte maccartista buscando el voto de los sectores menos informados de la población”, agregó el legislador del Frente Amplio.
Para el diputado Merino esta campaña de “guerra fría” confirma la derechización de un gobierno de “república bananera y maquiladora” como el de Arias, aliado de los republicanos de Mr. Bush y de las oligarquías centroamericanas, mientras pueblos y gobiernos de toda la América Latina transitan por vías más independientes y más favorables para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de las mayorías.
Finalmente, el diputado Merino, dijo que el NO al TLC es una coalición de fuerzas nacionales, sociales y políticas, de tal magnitud, inteligencia y conciencia patriótica, que no se dejará afectar por los engaños y mentiras del gobierno de Arias.
sábado, 23 de junio de 2007
Segmento de la sesión en que se dictmanó el Proyecto de Telecomunicaciones
A continuación resumen de la intervención del diputado del Frente Amplio, José Merino del Río, sustentando una apelación ante la decisión de la preidencia de suspender el debate, para proceder a la votación, durante la sesión del 20 de junio de 2007, en la comisión que dictaminó el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones:
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
COMISIÓN ESPECIAL QUE CONOCERÁ Y DICTAMINARÁ
EL EXPEDIENTE 16398, “LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES"
EXPEDIENTE N.º 16525
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 78
(Miércoles 20 de junio de 2007)
EL PRESIDENTE:
Resolución de Presidencia
Se resuelve lo siguiente:
Faltando treinta minutos para el cierre de esta sesión, se suspenderá la discusión del proyecto, se tendrán por rechazadas las mociones pendientes y sin más dilación, de inmediato, se procederá a la votación del proyecto.
Dada en la Comisión Especial que conocerá y dictaminará el Expediente 16.398 “Ley General de Telecomunicaciones” , Expediente 16.525, de la Asamblea Legislativa a los veinte días del mes de junio de dos mil siete.
Diputado José Luis Valenciano Chávez
Presidente de la Comisión
DIPUTADO MERINO DEL RÍO:
Quiero apelar esa resolución de la Presidencia.
EL PRESIDENTE:
Se ha recibido la moción de apelación...
LA SECRETARIA:
Moción de Apelación N.º 1 (01-78-CE) del diputado José Merino del Río:
De conformidad con el artículo 156 del Reglamento de la Asamblea Legislativa interpongo recurso de apelación contra la resolución de la Presidencia de la Comisión Especial 16525, que conocerá y dictaminará el expediente 16.398 “Ley General de Telecomunicaciones” , de conformidad con las razones que expondré a continuación.
Firma el diputado Merino.
EL PRESIDENTE:
Señor diputado José Merino del Río, puede sustentar la apelación interpuesta.
DIPUTADO MERINO DEL RÍO:
Gracias, señor Presidente.
Hacerme eco, de que efectivamente hay trabajadores del ICE, que querían estar presentes en una sesión, que es pública, a no ser que usted no estaba yo, en algún momento, no sé si lo han declarado privada o solo para asesores de la Asamblea Legislativa o funcionarios de la Asamblea Legislativa. Pero obviamente es, un tema de mucho interés público y le rogaría que se tomara alguna medida, para que los representantes de la fuerza laborales del ICE pudieran presenciar esta sesión pública de nuestro Parlamento, señor Presidente.. .
DIPUTADO MERINO DEL RÍO:
Gracias, señor Presidente.
Yo creo como Diputado, en el cumplimiento apropiado del Reglamento, las funciones que constitucionalmente se nos han atribuido a los y las legisladoras de esta Asamblea Legislativa, entre la que está una que es piedra angular de nuestra democracia, que es la potestad de legislar, aprobar o improbar leyes, no podríamos conseguir los objetivos de racionalizar las tensiones, que produce el proceso político, el respeto a la soberanía popular con la representació n para la toma de decisiones. Esto sería vulnerado como me parece que estaría ocurriendo con esta resolución que daría por agotada la discusión de este proyecto y por discutidas las mociones pendientes todavía de conocimiento de este cuerpo legislativo.
Han sido reiteradas las resoluciones de la Sala Constitucional, en el sentido de que es precisamente aquí en el Parlamento, donde la democracia funcional se manifiesta como un equilibrio razonable entre democracia participativa y democracia representativa, las facultades institucionales que se le ha dado a este Parlamento. Por lo que la aplicación del procedimiento parlamentario tiene que ser flexible y dinámico, debe permitirnos reaccionar a tiempo y racionalizar efectivamente las tensiones que se producen en nuestra sociedad, sin impedir, en mi caso...
DIPUTADO MERINO DEL RÍO:
Retomando el hilo de la argumentación de esta apelación y como muy bien me recordaba la Diputada Mayi Antillón –que no me contabilicen este tiempo por favor— decía que fundamentalmente, esa interpretació n flexible, dinámica, respetuosa del Reglamento, en el caso de las minorías, significa un mecanismo imprescindible necesario para garantizar una representatividad plena en nuestro Parlamento.
No es ocioso recordar que el derecho parlamentario no se agota, en el Reglamento, que la norma fundamental reguladora de nuestra actividad parlamentaria, es la Constitución Política y que es en la Constitución Política donde se establecen los principios básicos, los derechos inmodificables y los valores principales que deben conformar y plasmarse en la regulación jurídica de la actividad parlamentaria. No pretendo, obviamente con esta apelación, efectuar un análisis doctrinal extenso, sino, que hay una intención de dejar plasmado en el acta, para una mejor comprensión de la actividad parlamentaria, del procedimiento seguido por esta Comisión y principalmente de mis dudas razonables sobre la constitucionalidad de las decisiones que se están tomando para dictaminar, lo que a mi juicio es atropelladamente este proyecto de ley.
Recordemos otras características e instrumentos con que cuenta el parlamento para desarrollar su actividad.
Mencionaba que una de ellas es la flexibilidad de funcionamiento de esta Asamblea Legislativa, como nos recordaba la Sala IV, dice: “una de las características esenciales de la regulación parlamentaria es la flexibilidad inserta en las normas que se crean para su funcionamiento, entendiéndose que al hablar de flexibilidad parlamentaria –dice la Sala—no nos estamos refiriendo a la posibilidad de contradecir ni tampoco, a un uso ilimitado o abusivo de la posibilidad de derogar singularmente su Reglamento por parte del propio órgano, pues esta flexibilidad también encuentra sus límites en el derecho de la Constitución”. (Voto 2006-003671)
El derecho parlamentario debe de entenderse como un derecho consensuado, ya que la Asamblea Legislativa, que es la depositaria de la soberanía popular, es la que establece las reglas del juego de la labor parlamentaria, entendiendo que esta función es original, espontánea, sustancial, dinámica y autónoma; lo anterior enmarcado dentro del derecho constitucional que le sirve como marco y límite de sus competencias.
Son inconstitucionales todos aquellos procedimientos seguidos para la aprobación de un determinado proyecto de ley, si se incumplen y violentan los principios, derechos y valores de la Constitución. Existe copiosa y suficiente jurisprudencia constitucional, que ha clarificado los vicios de procedimiento que constituyen violaciones de algún requisito o trámite sustancial previsto en la Constitución, o en su caso, en el Reglamento Legislativo.
La Sala Constitucional ha definido como vicios sustanciales, aquellos principios que rigen la actividad parlamentaria, reconociendo al procedimiento legislativo, como una unidad cuyo objetivo es desarrollar efectivamente la voluntad del pueblo, mediante el establecimiento de una serie de mecanismos tendentes a propiciar un amplio y transparente debate entre los diversos actores políticos que constituyen la asociación parlamentaria.
Nuestra Sociedad ha adoptado el principio democrático como fundamento de todas sus instituciones del que obviamente no se excluye a este Parlamento; este principio pretende el respeto de los valores de participación y representació n política, además de un principio fundamental de la tutela del derecho de las minorías.
En la práctica legislativa esto se plasma, entre otros, mediante los mecanismos empleados para la designación de los diversos representantes en las distintas comisiones parlamentarias, no en mi caso, que fui excluido a pesar de que solicité expresamente, estar en esta Comisión , lo que ha sido una reiterada práctica del Directorio, de la mayoría creada en este Parlamento de discriminarme y de impedir que pueda ser miembro pleno de Comisiones en las que expresamente solicité formar parte.
Pero bueno, en todo caso, hay en esta Comisión representantes de diversas corrientes legislativas, para posibilitar a la oposición el uso de medios legítimos que adversen cuando se considera necesaria la voluntad mayoritaria, utilizando todos los mecanismos que establece el Reglamento Legislativo, para defender el derecho de enmienda del Diputado.
Nótese que la Sala ha advertido que los trámites legislativos acelerados o impetuosos, que impidan una racionalidad reposada de caridad reflexiva para cuya producción es necesario poder expresar opiniones, contraponer estrategias y proponer alternativas, es un vicio sustancial de procedimiento.
Efectivamente en esta Comisión, como se puede colegir de la lectura de las actas se han podido defender muchas mociones, pero esa discusión reflexiva y de calidad muy pocas veces se ha dado, por el silencio reiterado de la mayoría, aquí no se ha producido un debate democrático de calidad, eso no es cierto.
El texto sustitutivo que fuera acogido por la mayoría de esta Comisión, consta de 84 artículos y 5 Transitorios, estamos hablando de un tema de enorme complejidad como es el de las telecomunicaciones, que no solo ha sido objeto de un debate de largos años en este país, sino quizás de las controversias democráticas más importantes que se hayan dado en la historia reciente en el Parlamento y fuera del Parlamento, por la aceptación que implica para todos las y los habitantes de la República, se ha requerido de muchas consultas, de audiencias de distintas instituciones, de expertos, de sectores, con una salvedad, todo ese proceso no se dio en el trámite del texto sustitutivo, es un trámite mutilado en cuanto a la calidad del debate y de la consulta democráticas que incluso si se dio en la primera fase de la Comisión.
¿Por qué se suspendió? Cuándo se incorporaron al nuevo texto sustitutivo, como lo puede comprobar hasta la diputación representada aquí del Movimiento Libertario, que lo llevó a oponerse a este nuevo texto porque se considero que el nuevo texto era un cambio radical, con el texto original que había visto esta Comisión, entonces estábamos en presencia de un nuevo texto, de un nuevo texto que exigía enfrentarse a él con todas las garantías reglamentarias y constitucionales de un verdadero debate democrático.
El texto sustitutivo fue acogido el 11 de mayo de año en curso, en la Sesión N.º 57, en esa misma Sesión, se acordó solicitar una prórroga hasta el 7 de junio de los corrientes, o sea, solo 19 días hábiles para consultar a las diferentes instituciones, organizaciones y sectores, para recibir en audiencia a representantes de organizaciones, instituciones y otros conocedores de la materia o que les afectaría en alguna forma, lo cual no se quiso hacer parar revisar los criterios vertidos por los distintos sectores, para presentar las mociones pertinentes y conocerlas y por supuesto para efectuar el debido estudio y análisis del nuevo texto sometido a nuestro conocimiento.
Hasta hoy se han presentado, ante la Comisión, un total de cuatrocientas setenta y dos mociones de fondo al proyecto, de esas mociones, al texto base se le presentaron, doscientas veintiocho mociones, de ese texto base, se conocieron ciento ochenta y ocho mociones, se desecharon sin tramitar, cuarenta mociones, cuando se introdujo el texto sustitutivo.
Al texto sustitutivo, se le han presentado hasta ahora doscientas cuarenta y cuatro mociones, se han conocido hasta ahora, ochenta mociones del texto sustitutivo, no sé, alguna más, bueno, se han aprobado quince, se han desechado sesenta y cinco, y si la resolución de esta Presidencia se consumara, se desecharían sin tramitar, ciento setenta y nueve mociones, o sea, más de las dos terceras partes de las mociones presentadas al texto sustitutivo, mediante una resolución de la Presidencia, se desecharían.
Mociones de fondo Total conocidas aprobadas desechadas desech.sin tramitar
al texto base 228 188 * * 40*
al texto sustitutivo 244* 80 15* 65 179**
total 472 268
* Carece de interés por aprobarse un texto sustitutivo
** Desechadas sin tramite por haberse aprobado el texto sustitutivo
*** a las 14:00 hrs. Del 20 de junio de 2007
Obviamente, el Presidente no está autorizado para prorrogar unilateralmente el mandato de esta Comisión, pero lo puede hacer como se han hecho en las oportunidades anteriores, mediante si se hubiera aprobado por ejemplo, la moción presentada a tiempo, por los Diputados y Diputadas del Partido Acción Ciudadana solicitando esa prórroga.
Todavía en la sesión del lunes 18 de junio, se estaba repartiendo correspondencia con criterios tan importantes como el de la Procuraduría General de la República anteayer, el cual contiene importantes observaciones al proyecto, e incluso advierte sobre inconstitucionalida des, a fin de que las y los Diputados consideraran las modificaciones pertinentes, pero ¿con qué tiempo?, ¿con qué plazos?, si todavía hay cien mociones por conocer y se nos pone la “espada de Damocles” cuando ya no tendría sentido presentar mociones importantes, sabiendo que a priori, serían rechazadas.
Es por lo que me parece que se está produciendo una violación del artículo 117 de la Constitución Política. El problema de un trámite de un proyecto no es el tiempo, este proyecto se está tramitando acelerada e impetuosamente y se violenta el principio democrático, porque no se le está dando respuesta a los distintos sectores, no solamente representados en el Parlamento sino fuera del Parlamento, a los problemas y objeciones suscitadas sobre el proyecto.
Esa es la esencia del principio democrático, no es una interpretació n burocrática del Reglamento, no es una interpretació n rutinaria del Reglamento legislativo. Nuestro sistema democrático ya no solo es representativo. A los diputados de esta Asamblea Legislativa, se nos olvida muchas veces que desde el año 2003, en la Constitución Política de la República se indica que nuestro sistema de Gobierno, además de representativo es participativo.
Y estamos obligados, constitucionalmente , a desarrollar, obviamente, dentro de los límites propios de la racionalidad democrática, pero a mí nadie me puede decir que hay una racionalidad, en que se mutile la posibilidad de continuar analizando este proyecto en Comisión, y recibiendo opiniones que el texto sustitutivo ha suscitado en diversos sectores de la ciudadanía. Y tengo que reiterarlo, incluso, en diputados de esta Comisión, que estaban de acuerdo con el texto original y hoy manifiestan su oposición por los cambios sustanciales que se introdujeron. No estamos hablando de cambios cosméticos, el texto sustitutivo es un nuevo texto, en términos fundamentales de la materia que estamos analizando.
Nuestro sistema democrático, supone dar una amplia participación a los representantes de todos los ciudadanos. Y la Sala nos ha recordado en sus sucesivas veces que ha declarado inconstitucional procedimientos muy parecidos a los que hoy estamos discutiendo, que ha dicho que siendo que nuestra arquitectura y cultura constitucional, el Parlamento representa el foro propiciador de la concertación de criterios, de las diversas fuerzas políticas, su dinámica debe permitir el espacio necesario tanto para las discusiones como para las negociaciones políticas. Fíjense que sabias las palabras de la Sala Constitucional, en la aprobación de proyectos de ley.
El plazo conferido a esta Comisión para que rindiera su dictamen fue, originalmente, corto, irracional. Empezó por ahí, claro, se le ha tenido que pedir prórroga porque han tenido ustedes mismos que reconocer que le pusieron plazos irracionales, absolutamente, fuera de lugar, para analizar un proyecto de esta envergadura.
No es la minoría la responsable de que se tengan que pedir prórrogas y prórrogas, es la mayoría que con su soberbia impone plazos que son inaplicables, si se quiere tener un procedimiento parlamentario, mínimamente saludable y mínimamente respetable.
Dónde está el debate reposado y amplio, para el respectivo cumplimiento de los fines del procedimiento parlamentario. Muestra de ello es que muchas instituciones, organizaciones, sectores, pidieron tiempos extras para referirse al texto base, pidieron ser recibidos para referirse al texto sustitutivo y les fue denegada esa posibilidad. Eso nos hubiera permitido formarnos una mejor opinión, y aclarar las inevitables y múltiples dudas que surgen en un tema tan delicado como es el de las telecomunicaciones. Muy grave no haber aprobado la posibilidad de audiencias para referirse a este texto sustitutivo.
En relación con esto, la Sala Constitucional también ha sido tajante, al señalar que para que la Asamblea Legislativa cumpla su cometido, como punto de encuentro de las diversas expresiones e intereses de los habitantes de este país, cada uno de sus representantes, democráticamente electos debe contar con posibilidades efectivas, de manifestar su opinión, defender sus planteamientos e intentar convencer al colegio acerca de la pertinencia de sus posiciones.
Este clima de diálogo y dice la Sala y de publicidad, debe caracterizar la actuación parlamentaria en todos sus ámbitos, y se torna imprescindible en caso de reformas o producción de normas complejas, extensas o de marcada relevancia para la vida de las y los habitantes. ¿Acaso este proyecto de ley de telecomunicaciones, no es una iniciativa compleja, amplia, que afecta a toda la población?
¿Acaso alguien duda del enorme impacto practico que generará, pues atañe a modificaciones sustanciales de determinada concesión, enmarcada en nuestro Estado social de derecho, en nuestra Constitución Política de la República?
¿No sería lo adecuado que ante una iniciativa trascendental para los habitantes, esta Comisión inste a fin de que la Presidencia de la Asamblea Legislativa, en su defecto el Plenario, permita ampliar la posibilidad de este debate; permite alargar racionalmente una discusión más detenida y efectiva de todos sus contenidos?
¿Debe aceptar esta Asamblea Legislativa que por un plazo que negociadores ajenos a este Parlamento, establecieron en un Tratado de Libre Comercio que va a ser sometido a referéndum el próximo 7 de octubre, se le ponga una premura a esta Comisión? Esa premura es una premura extraparlamentaria y antidemocrática, porque son plazos que, por cierto ya vencieron todos, pero son plazos puestos al margen de la Asamblea Legislativa, plazos que comprometían al Poder Ejecutivo, pero que en ningún momento comprometen al Parlamento como un poder independiente de nuestro estado de derecho.
Se alega que luego se podrán conocer las mociones vía artículo 137, lo cual no es del todo cierto, pues el Reglamento establece límites para conocer cada uno de los grupos de mociones; e incluso la mayoría que en este Parlamento apoya el TLC nos amenaza con aplicar a toda la agenda de implementació n del Tratado de Libre Comercio una vía rápida para tratar de limitar, de amputar los derechos de enmienda de los diputados. Eso es lo que nos están anunciando. O sea que no tenemos ninguna seguridad de cómo este proyecto va a seguir tramitándose y bajo qué procedimiento en la Asamblea Legislativa.
El tiempo no ha sido el necesario –repito- para que...Es un proyecto que lejos de ir generando consensos va generando crecientes descensos. Y tengo que insistir en esto porque es relevante, obviamente los descensos de toda esa mayoría social que en este país dijo en las jornadas del Combo del ICE “no queremos ese tipo de apertura de telecomunicaciones” , que es el que están repitiendo ahora empeorado. Este proyecto es peor que el del Combo del ICE, peor y con menos garantías para los usuarios y para los consumidores. Diputados del Movimiento Libertario que han reflexionado sobre eso. Peor.
Entonces, yo les llamo a la reflexión para que apoyen esta apelación, para que la Presidencia de esta Comisión pueda optar medidas extraordinarias para cumplir con su mandato, y garantizar los derechos fundamentales de todos nosotros y nosotras los representantes legítimamente electos. De modo que se puedan discutir y conocer todas las mociones propuestas, y no se interrumpa abruptamente la posibilidad de conocer mociones que versan sobre artículos que todavía no han sido discutidos por esta Comisión a fin de no vulnerar los principios de oposición y de participación política.
Recuerdo, no es necesario recordarles, todos ustedes lo conocen, que el derecho de enmienda no es no del cuerpo legislativo como colectivo, sino de cada diputado en particular. El derecho de enmienda no lo puede suplantar nadie. Si a mi se me violenta como diputado mis derechos de enmienda, si se me impide discutir y defender mis mociones sin una justificación que lo amerite, hasta el número de artículo, más mociones que número de artículos.
La Sala Cuarta ha definido muy bien de que habla cuando se refiere a la complejidad democrática de un proyecto. La complejidad de un proyecto no está en el número de artículos. Un proyecto de un artículo puede ser más complejo que uno de doscientos, depende de la conmoción social que cauce.
La Sala Constitucional y el Derecho constitucional nos advierten que una ley no es solo un texto, y que a veces no es ni fundamentalmente el texto, sino que es el contexto social, político, democrático en el que una iniciativa parlamentaria se discute.
Si una ley puede llevar a una conmoción social, el Parlamento asume una responsabilidad que no es simplemente un criterio cuantitativo del número de mociones que se presentan, del número de sesiones, sino que el Parlamento tiene la obligación, no es una concesión que el Parlamento le hace a la sociedad, no es un guiño que le hace a la ciudadanía, es un deber.
Nosotros somos representantes populares, tenemos una delegación, pero esa delegación solo la podemos ejercer en un vínculo permanente, vivo, directo, con la ciudadanía y de ahí que es se deriva, ha dicho la Sala, la complejidad, la calificación de qué es un ¾ya voy a concluir, señor Presidente, un minuto¾, termino; no se excusa para lo actuado que esta Comisión contara con un plazo para dictaminar, pues es conocido de todos, así como de la propia Sala Constitucional, que la superación de dichos términos en la tramitación de los proyectos de ley ordinaria no apareja vicios esenciales en el procedimiento. La misma naturaleza de esta iniciativa de ley ameritaba medidas especiales, amerita medidas especiales que permitan conocer un proyecto tan complejo, controvertido y relevante en forma acorde con el Principio democrático.
Señor Presidente, por estas razones es que he presentado esta apelación, en reclamo de mi derecho de enmienda, de mi derecho de libertad de expresión y de representació n.
Gracias, señor Presidente, y señores diputados y diputadas, por su atención...
EL PRESIDENTE:
Gracias, a usted, diputado don José Merino.
Lo que corresponde es la respuesta de esta Presidencia a la apelación...
Recurrida y defendida mi decisión, debemos proceder a votar lo pertinente.. .
Discutida la apelación, vamos a proceder a votarla.
Las señoras y los señores Diputados que estén por darle su voto afirmativo a la apelación interpuesta, favor manifestarlo levantando la mano.
Tres votos afirmativos, cinco negativos.
RECHAZADA.-
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
COMISIÓN ESPECIAL QUE CONOCERÁ Y DICTAMINARÁ
EL EXPEDIENTE 16398, “LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES"
EXPEDIENTE N.º 16525
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 78
(Miércoles 20 de junio de 2007)
EL PRESIDENTE:
Resolución de Presidencia
Se resuelve lo siguiente:
Faltando treinta minutos para el cierre de esta sesión, se suspenderá la discusión del proyecto, se tendrán por rechazadas las mociones pendientes y sin más dilación, de inmediato, se procederá a la votación del proyecto.
Dada en la Comisión Especial que conocerá y dictaminará el Expediente 16.398 “Ley General de Telecomunicaciones” , Expediente 16.525, de la Asamblea Legislativa a los veinte días del mes de junio de dos mil siete.
Diputado José Luis Valenciano Chávez
Presidente de la Comisión
DIPUTADO MERINO DEL RÍO:
Quiero apelar esa resolución de la Presidencia.
EL PRESIDENTE:
Se ha recibido la moción de apelación...
LA SECRETARIA:
Moción de Apelación N.º 1 (01-78-CE) del diputado José Merino del Río:
De conformidad con el artículo 156 del Reglamento de la Asamblea Legislativa interpongo recurso de apelación contra la resolución de la Presidencia de la Comisión Especial 16525, que conocerá y dictaminará el expediente 16.398 “Ley General de Telecomunicaciones” , de conformidad con las razones que expondré a continuación.
Firma el diputado Merino.
EL PRESIDENTE:
Señor diputado José Merino del Río, puede sustentar la apelación interpuesta.
DIPUTADO MERINO DEL RÍO:
Gracias, señor Presidente.
Hacerme eco, de que efectivamente hay trabajadores del ICE, que querían estar presentes en una sesión, que es pública, a no ser que usted no estaba yo, en algún momento, no sé si lo han declarado privada o solo para asesores de la Asamblea Legislativa o funcionarios de la Asamblea Legislativa. Pero obviamente es, un tema de mucho interés público y le rogaría que se tomara alguna medida, para que los representantes de la fuerza laborales del ICE pudieran presenciar esta sesión pública de nuestro Parlamento, señor Presidente.. .
DIPUTADO MERINO DEL RÍO:
Gracias, señor Presidente.
Yo creo como Diputado, en el cumplimiento apropiado del Reglamento, las funciones que constitucionalmente se nos han atribuido a los y las legisladoras de esta Asamblea Legislativa, entre la que está una que es piedra angular de nuestra democracia, que es la potestad de legislar, aprobar o improbar leyes, no podríamos conseguir los objetivos de racionalizar las tensiones, que produce el proceso político, el respeto a la soberanía popular con la representació n para la toma de decisiones. Esto sería vulnerado como me parece que estaría ocurriendo con esta resolución que daría por agotada la discusión de este proyecto y por discutidas las mociones pendientes todavía de conocimiento de este cuerpo legislativo.
Han sido reiteradas las resoluciones de la Sala Constitucional, en el sentido de que es precisamente aquí en el Parlamento, donde la democracia funcional se manifiesta como un equilibrio razonable entre democracia participativa y democracia representativa, las facultades institucionales que se le ha dado a este Parlamento. Por lo que la aplicación del procedimiento parlamentario tiene que ser flexible y dinámico, debe permitirnos reaccionar a tiempo y racionalizar efectivamente las tensiones que se producen en nuestra sociedad, sin impedir, en mi caso...
DIPUTADO MERINO DEL RÍO:
Retomando el hilo de la argumentación de esta apelación y como muy bien me recordaba la Diputada Mayi Antillón –que no me contabilicen este tiempo por favor— decía que fundamentalmente, esa interpretació n flexible, dinámica, respetuosa del Reglamento, en el caso de las minorías, significa un mecanismo imprescindible necesario para garantizar una representatividad plena en nuestro Parlamento.
No es ocioso recordar que el derecho parlamentario no se agota, en el Reglamento, que la norma fundamental reguladora de nuestra actividad parlamentaria, es la Constitución Política y que es en la Constitución Política donde se establecen los principios básicos, los derechos inmodificables y los valores principales que deben conformar y plasmarse en la regulación jurídica de la actividad parlamentaria. No pretendo, obviamente con esta apelación, efectuar un análisis doctrinal extenso, sino, que hay una intención de dejar plasmado en el acta, para una mejor comprensión de la actividad parlamentaria, del procedimiento seguido por esta Comisión y principalmente de mis dudas razonables sobre la constitucionalidad de las decisiones que se están tomando para dictaminar, lo que a mi juicio es atropelladamente este proyecto de ley.
Recordemos otras características e instrumentos con que cuenta el parlamento para desarrollar su actividad.
Mencionaba que una de ellas es la flexibilidad de funcionamiento de esta Asamblea Legislativa, como nos recordaba la Sala IV, dice: “una de las características esenciales de la regulación parlamentaria es la flexibilidad inserta en las normas que se crean para su funcionamiento, entendiéndose que al hablar de flexibilidad parlamentaria –dice la Sala—no nos estamos refiriendo a la posibilidad de contradecir ni tampoco, a un uso ilimitado o abusivo de la posibilidad de derogar singularmente su Reglamento por parte del propio órgano, pues esta flexibilidad también encuentra sus límites en el derecho de la Constitución”. (Voto 2006-003671)
El derecho parlamentario debe de entenderse como un derecho consensuado, ya que la Asamblea Legislativa, que es la depositaria de la soberanía popular, es la que establece las reglas del juego de la labor parlamentaria, entendiendo que esta función es original, espontánea, sustancial, dinámica y autónoma; lo anterior enmarcado dentro del derecho constitucional que le sirve como marco y límite de sus competencias.
Son inconstitucionales todos aquellos procedimientos seguidos para la aprobación de un determinado proyecto de ley, si se incumplen y violentan los principios, derechos y valores de la Constitución. Existe copiosa y suficiente jurisprudencia constitucional, que ha clarificado los vicios de procedimiento que constituyen violaciones de algún requisito o trámite sustancial previsto en la Constitución, o en su caso, en el Reglamento Legislativo.
La Sala Constitucional ha definido como vicios sustanciales, aquellos principios que rigen la actividad parlamentaria, reconociendo al procedimiento legislativo, como una unidad cuyo objetivo es desarrollar efectivamente la voluntad del pueblo, mediante el establecimiento de una serie de mecanismos tendentes a propiciar un amplio y transparente debate entre los diversos actores políticos que constituyen la asociación parlamentaria.
Nuestra Sociedad ha adoptado el principio democrático como fundamento de todas sus instituciones del que obviamente no se excluye a este Parlamento; este principio pretende el respeto de los valores de participación y representació n política, además de un principio fundamental de la tutela del derecho de las minorías.
En la práctica legislativa esto se plasma, entre otros, mediante los mecanismos empleados para la designación de los diversos representantes en las distintas comisiones parlamentarias, no en mi caso, que fui excluido a pesar de que solicité expresamente, estar en esta Comisión , lo que ha sido una reiterada práctica del Directorio, de la mayoría creada en este Parlamento de discriminarme y de impedir que pueda ser miembro pleno de Comisiones en las que expresamente solicité formar parte.
Pero bueno, en todo caso, hay en esta Comisión representantes de diversas corrientes legislativas, para posibilitar a la oposición el uso de medios legítimos que adversen cuando se considera necesaria la voluntad mayoritaria, utilizando todos los mecanismos que establece el Reglamento Legislativo, para defender el derecho de enmienda del Diputado.
Nótese que la Sala ha advertido que los trámites legislativos acelerados o impetuosos, que impidan una racionalidad reposada de caridad reflexiva para cuya producción es necesario poder expresar opiniones, contraponer estrategias y proponer alternativas, es un vicio sustancial de procedimiento.
Efectivamente en esta Comisión, como se puede colegir de la lectura de las actas se han podido defender muchas mociones, pero esa discusión reflexiva y de calidad muy pocas veces se ha dado, por el silencio reiterado de la mayoría, aquí no se ha producido un debate democrático de calidad, eso no es cierto.
El texto sustitutivo que fuera acogido por la mayoría de esta Comisión, consta de 84 artículos y 5 Transitorios, estamos hablando de un tema de enorme complejidad como es el de las telecomunicaciones, que no solo ha sido objeto de un debate de largos años en este país, sino quizás de las controversias democráticas más importantes que se hayan dado en la historia reciente en el Parlamento y fuera del Parlamento, por la aceptación que implica para todos las y los habitantes de la República, se ha requerido de muchas consultas, de audiencias de distintas instituciones, de expertos, de sectores, con una salvedad, todo ese proceso no se dio en el trámite del texto sustitutivo, es un trámite mutilado en cuanto a la calidad del debate y de la consulta democráticas que incluso si se dio en la primera fase de la Comisión.
¿Por qué se suspendió? Cuándo se incorporaron al nuevo texto sustitutivo, como lo puede comprobar hasta la diputación representada aquí del Movimiento Libertario, que lo llevó a oponerse a este nuevo texto porque se considero que el nuevo texto era un cambio radical, con el texto original que había visto esta Comisión, entonces estábamos en presencia de un nuevo texto, de un nuevo texto que exigía enfrentarse a él con todas las garantías reglamentarias y constitucionales de un verdadero debate democrático.
El texto sustitutivo fue acogido el 11 de mayo de año en curso, en la Sesión N.º 57, en esa misma Sesión, se acordó solicitar una prórroga hasta el 7 de junio de los corrientes, o sea, solo 19 días hábiles para consultar a las diferentes instituciones, organizaciones y sectores, para recibir en audiencia a representantes de organizaciones, instituciones y otros conocedores de la materia o que les afectaría en alguna forma, lo cual no se quiso hacer parar revisar los criterios vertidos por los distintos sectores, para presentar las mociones pertinentes y conocerlas y por supuesto para efectuar el debido estudio y análisis del nuevo texto sometido a nuestro conocimiento.
Hasta hoy se han presentado, ante la Comisión, un total de cuatrocientas setenta y dos mociones de fondo al proyecto, de esas mociones, al texto base se le presentaron, doscientas veintiocho mociones, de ese texto base, se conocieron ciento ochenta y ocho mociones, se desecharon sin tramitar, cuarenta mociones, cuando se introdujo el texto sustitutivo.
Al texto sustitutivo, se le han presentado hasta ahora doscientas cuarenta y cuatro mociones, se han conocido hasta ahora, ochenta mociones del texto sustitutivo, no sé, alguna más, bueno, se han aprobado quince, se han desechado sesenta y cinco, y si la resolución de esta Presidencia se consumara, se desecharían sin tramitar, ciento setenta y nueve mociones, o sea, más de las dos terceras partes de las mociones presentadas al texto sustitutivo, mediante una resolución de la Presidencia, se desecharían.
Mociones de fondo Total conocidas aprobadas desechadas desech.sin tramitar
al texto base 228 188 * * 40*
al texto sustitutivo 244* 80 15* 65 179**
total 472 268
* Carece de interés por aprobarse un texto sustitutivo
** Desechadas sin tramite por haberse aprobado el texto sustitutivo
*** a las 14:00 hrs. Del 20 de junio de 2007
Obviamente, el Presidente no está autorizado para prorrogar unilateralmente el mandato de esta Comisión, pero lo puede hacer como se han hecho en las oportunidades anteriores, mediante si se hubiera aprobado por ejemplo, la moción presentada a tiempo, por los Diputados y Diputadas del Partido Acción Ciudadana solicitando esa prórroga.
Todavía en la sesión del lunes 18 de junio, se estaba repartiendo correspondencia con criterios tan importantes como el de la Procuraduría General de la República anteayer, el cual contiene importantes observaciones al proyecto, e incluso advierte sobre inconstitucionalida des, a fin de que las y los Diputados consideraran las modificaciones pertinentes, pero ¿con qué tiempo?, ¿con qué plazos?, si todavía hay cien mociones por conocer y se nos pone la “espada de Damocles” cuando ya no tendría sentido presentar mociones importantes, sabiendo que a priori, serían rechazadas.
Es por lo que me parece que se está produciendo una violación del artículo 117 de la Constitución Política. El problema de un trámite de un proyecto no es el tiempo, este proyecto se está tramitando acelerada e impetuosamente y se violenta el principio democrático, porque no se le está dando respuesta a los distintos sectores, no solamente representados en el Parlamento sino fuera del Parlamento, a los problemas y objeciones suscitadas sobre el proyecto.
Esa es la esencia del principio democrático, no es una interpretació n burocrática del Reglamento, no es una interpretació n rutinaria del Reglamento legislativo. Nuestro sistema democrático ya no solo es representativo. A los diputados de esta Asamblea Legislativa, se nos olvida muchas veces que desde el año 2003, en la Constitución Política de la República se indica que nuestro sistema de Gobierno, además de representativo es participativo.
Y estamos obligados, constitucionalmente , a desarrollar, obviamente, dentro de los límites propios de la racionalidad democrática, pero a mí nadie me puede decir que hay una racionalidad, en que se mutile la posibilidad de continuar analizando este proyecto en Comisión, y recibiendo opiniones que el texto sustitutivo ha suscitado en diversos sectores de la ciudadanía. Y tengo que reiterarlo, incluso, en diputados de esta Comisión, que estaban de acuerdo con el texto original y hoy manifiestan su oposición por los cambios sustanciales que se introdujeron. No estamos hablando de cambios cosméticos, el texto sustitutivo es un nuevo texto, en términos fundamentales de la materia que estamos analizando.
Nuestro sistema democrático, supone dar una amplia participación a los representantes de todos los ciudadanos. Y la Sala nos ha recordado en sus sucesivas veces que ha declarado inconstitucional procedimientos muy parecidos a los que hoy estamos discutiendo, que ha dicho que siendo que nuestra arquitectura y cultura constitucional, el Parlamento representa el foro propiciador de la concertación de criterios, de las diversas fuerzas políticas, su dinámica debe permitir el espacio necesario tanto para las discusiones como para las negociaciones políticas. Fíjense que sabias las palabras de la Sala Constitucional, en la aprobación de proyectos de ley.
El plazo conferido a esta Comisión para que rindiera su dictamen fue, originalmente, corto, irracional. Empezó por ahí, claro, se le ha tenido que pedir prórroga porque han tenido ustedes mismos que reconocer que le pusieron plazos irracionales, absolutamente, fuera de lugar, para analizar un proyecto de esta envergadura.
No es la minoría la responsable de que se tengan que pedir prórrogas y prórrogas, es la mayoría que con su soberbia impone plazos que son inaplicables, si se quiere tener un procedimiento parlamentario, mínimamente saludable y mínimamente respetable.
Dónde está el debate reposado y amplio, para el respectivo cumplimiento de los fines del procedimiento parlamentario. Muestra de ello es que muchas instituciones, organizaciones, sectores, pidieron tiempos extras para referirse al texto base, pidieron ser recibidos para referirse al texto sustitutivo y les fue denegada esa posibilidad. Eso nos hubiera permitido formarnos una mejor opinión, y aclarar las inevitables y múltiples dudas que surgen en un tema tan delicado como es el de las telecomunicaciones. Muy grave no haber aprobado la posibilidad de audiencias para referirse a este texto sustitutivo.
En relación con esto, la Sala Constitucional también ha sido tajante, al señalar que para que la Asamblea Legislativa cumpla su cometido, como punto de encuentro de las diversas expresiones e intereses de los habitantes de este país, cada uno de sus representantes, democráticamente electos debe contar con posibilidades efectivas, de manifestar su opinión, defender sus planteamientos e intentar convencer al colegio acerca de la pertinencia de sus posiciones.
Este clima de diálogo y dice la Sala y de publicidad, debe caracterizar la actuación parlamentaria en todos sus ámbitos, y se torna imprescindible en caso de reformas o producción de normas complejas, extensas o de marcada relevancia para la vida de las y los habitantes. ¿Acaso este proyecto de ley de telecomunicaciones, no es una iniciativa compleja, amplia, que afecta a toda la población?
¿Acaso alguien duda del enorme impacto practico que generará, pues atañe a modificaciones sustanciales de determinada concesión, enmarcada en nuestro Estado social de derecho, en nuestra Constitución Política de la República?
¿No sería lo adecuado que ante una iniciativa trascendental para los habitantes, esta Comisión inste a fin de que la Presidencia de la Asamblea Legislativa, en su defecto el Plenario, permita ampliar la posibilidad de este debate; permite alargar racionalmente una discusión más detenida y efectiva de todos sus contenidos?
¿Debe aceptar esta Asamblea Legislativa que por un plazo que negociadores ajenos a este Parlamento, establecieron en un Tratado de Libre Comercio que va a ser sometido a referéndum el próximo 7 de octubre, se le ponga una premura a esta Comisión? Esa premura es una premura extraparlamentaria y antidemocrática, porque son plazos que, por cierto ya vencieron todos, pero son plazos puestos al margen de la Asamblea Legislativa, plazos que comprometían al Poder Ejecutivo, pero que en ningún momento comprometen al Parlamento como un poder independiente de nuestro estado de derecho.
Se alega que luego se podrán conocer las mociones vía artículo 137, lo cual no es del todo cierto, pues el Reglamento establece límites para conocer cada uno de los grupos de mociones; e incluso la mayoría que en este Parlamento apoya el TLC nos amenaza con aplicar a toda la agenda de implementació n del Tratado de Libre Comercio una vía rápida para tratar de limitar, de amputar los derechos de enmienda de los diputados. Eso es lo que nos están anunciando. O sea que no tenemos ninguna seguridad de cómo este proyecto va a seguir tramitándose y bajo qué procedimiento en la Asamblea Legislativa.
El tiempo no ha sido el necesario –repito- para que...Es un proyecto que lejos de ir generando consensos va generando crecientes descensos. Y tengo que insistir en esto porque es relevante, obviamente los descensos de toda esa mayoría social que en este país dijo en las jornadas del Combo del ICE “no queremos ese tipo de apertura de telecomunicaciones” , que es el que están repitiendo ahora empeorado. Este proyecto es peor que el del Combo del ICE, peor y con menos garantías para los usuarios y para los consumidores. Diputados del Movimiento Libertario que han reflexionado sobre eso. Peor.
Entonces, yo les llamo a la reflexión para que apoyen esta apelación, para que la Presidencia de esta Comisión pueda optar medidas extraordinarias para cumplir con su mandato, y garantizar los derechos fundamentales de todos nosotros y nosotras los representantes legítimamente electos. De modo que se puedan discutir y conocer todas las mociones propuestas, y no se interrumpa abruptamente la posibilidad de conocer mociones que versan sobre artículos que todavía no han sido discutidos por esta Comisión a fin de no vulnerar los principios de oposición y de participación política.
Recuerdo, no es necesario recordarles, todos ustedes lo conocen, que el derecho de enmienda no es no del cuerpo legislativo como colectivo, sino de cada diputado en particular. El derecho de enmienda no lo puede suplantar nadie. Si a mi se me violenta como diputado mis derechos de enmienda, si se me impide discutir y defender mis mociones sin una justificación que lo amerite, hasta el número de artículo, más mociones que número de artículos.
La Sala Cuarta ha definido muy bien de que habla cuando se refiere a la complejidad democrática de un proyecto. La complejidad de un proyecto no está en el número de artículos. Un proyecto de un artículo puede ser más complejo que uno de doscientos, depende de la conmoción social que cauce.
La Sala Constitucional y el Derecho constitucional nos advierten que una ley no es solo un texto, y que a veces no es ni fundamentalmente el texto, sino que es el contexto social, político, democrático en el que una iniciativa parlamentaria se discute.
Si una ley puede llevar a una conmoción social, el Parlamento asume una responsabilidad que no es simplemente un criterio cuantitativo del número de mociones que se presentan, del número de sesiones, sino que el Parlamento tiene la obligación, no es una concesión que el Parlamento le hace a la sociedad, no es un guiño que le hace a la ciudadanía, es un deber.
Nosotros somos representantes populares, tenemos una delegación, pero esa delegación solo la podemos ejercer en un vínculo permanente, vivo, directo, con la ciudadanía y de ahí que es se deriva, ha dicho la Sala, la complejidad, la calificación de qué es un ¾ya voy a concluir, señor Presidente, un minuto¾, termino; no se excusa para lo actuado que esta Comisión contara con un plazo para dictaminar, pues es conocido de todos, así como de la propia Sala Constitucional, que la superación de dichos términos en la tramitación de los proyectos de ley ordinaria no apareja vicios esenciales en el procedimiento. La misma naturaleza de esta iniciativa de ley ameritaba medidas especiales, amerita medidas especiales que permitan conocer un proyecto tan complejo, controvertido y relevante en forma acorde con el Principio democrático.
Señor Presidente, por estas razones es que he presentado esta apelación, en reclamo de mi derecho de enmienda, de mi derecho de libertad de expresión y de representació n.
Gracias, señor Presidente, y señores diputados y diputadas, por su atención...
EL PRESIDENTE:
Gracias, a usted, diputado don José Merino.
Lo que corresponde es la respuesta de esta Presidencia a la apelación...
Recurrida y defendida mi decisión, debemos proceder a votar lo pertinente.. .
Discutida la apelación, vamos a proceder a votarla.
Las señoras y los señores Diputados que estén por darle su voto afirmativo a la apelación interpuesta, favor manifestarlo levantando la mano.
Tres votos afirmativos, cinco negativos.
RECHAZADA.-
Junta Patriótica de Apoyo a la Campaña Nacional contra el TLC, Costa Rica Primero.
Pronunciamiento
La Junta Patriótica de Apoyo a la Campaña Nacional contra el TLC, Costa Rica Primero; integrada por costarricenses del mundo empresarial, laboral, político, deportivo, artístico, académico, cultural y religioso, hombres y mujeres de diversas banderas políticas, hoy unidas y unidos bajo la bandera tricolor de la Patria, manifestamos al pueblo costarricense lo siguiente:
1) Somos un grupo amplio, diverso, pluralista y abierto a todas aquellas personas que, sin distingos políticos, económicos, ideológicos, religiosos, de género o étnicos, quieran sumarse a la creciente multitud de costarricenses que decimos NO al Tratado de Libre Comercio “negociado” entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América.
2) Somos un grupo de respaldo al liderazgo y al movimiento social que desde hace cuatro años se viene forjando y fortaleciendo en esta lucha y resistencia nacional en contra de este inconveniente y ominoso Tratado, cuya eventual ratificación vendría a ensanchar aún más la brecha social y económica que hoy carcome nuestra democracia y profundizaría la división de la familia costarricense.
3) Esta Junta Patriótica nace desde el corazón tricolor de Costa Rica, desde ese corazón que dice NO al TLC, en apoyo al movimiento social que hoy está siendo sistemáticamente atacado y calumniado por los grupos minoritarios que controlan el Gobierno y por algunas de las más poderosas empresas de comunicación.
4) La unidad del movimiento social contra este TLC es un deber y una responsabilidad patriótica esencial en esta coyuntura. Ofrecemos los espacios y recursos de esta Junta Patriótica y los ponemos al servicio de esa unidad del pueblo costarricense que, desde todos los rincones de la Patria, desde todas las etnias, religiones y culturas, desde todas las condiciones sociales y económicas, desde todos los partidos políticos, en forma creciente dice NO a este TLC.
5) Somos conscientes de que en el próximo Referéndum previsto para el siete de octubre, se juega el futuro de nuestro Estado Social de Derecho, de la paz social que nos caracteriza en el concierto de las naciones, de las Garantías Individuales y Sociales que resguarda nuestra Constitución, y de las Instituciones Públicas que nos hacen ser una democracia ejemplar en todo el Continente, así como de nuestra posibilidad de conservar y de aprovechar racionalmente nuestros Recursos Ambientales.
6) Estamos firmemente convencidos de que en la actual coyuntura histórica sólo un rotundo NO al TLC en el Referéndum – o el reconocimiento de sus muchas inconstitucionalidades por parte de la Sala Cuarta- nos permitirá sentar las bases para corregir las debilidades y carencias de nuestras Instituciones y continuar la integración nacional a los procesos de globalización y de apertura desde el enfoque solidario y de paz y justicia social que nos heredaron las mujeres y hombres patriotas que desde la independencia hasta hoy pusieron en primer lugar los intereses de la Patria y no los suyos propios.
7) Asumimos, junto a muchas otras organizaciones políticas, cívicas y sociales, el compromiso de velar por la pureza y transparencia del proceso del Referéndum. En este sentido esperamos que el Tribunal Supremo de Elecciones constituya los mecanismos adecuados para evitar al máximo las prácticas negligentes que puedan afectar la credibilidad en una institución pilar de nuestra democracia. Esta Junta Patriótica mantendrá un respetuoso, pero firme y sostenido control ciudadano sobre este proceso, antes, durante y después del Referéndum.
8) De manera especial, consideramos fundamental, para garantizar no solo la forma sino la esencia democrática de este referéndum, que el Tribunal Supremo de Elecciones haga todo lo que sea necesario –aún lo que va más allá de la mera literalidad de la ley- para garantizar la equidad básica requerida para que este proceso sea realmente democrático: equidad en el acceso a los medios de difusión masiva, equidad en la distribución de recursos para divulgación y propaganda, equidad y ética en la participación de funcionarios públicos en la campaña. Es evidente que los más poderosos representantes del capital nacional y trasnacional están, por motivos propios, interesados en la ratificación del TLC, y están echando mano de todos sus recursos para vencer la resistencia del pueblo costarricense. El Tribunal Supremo de Elecciones no puede obviar esta realidad que amenaza gravemente la esencia democrática del referéndum.
9) Esperamos y confiamos en que la Sala Constitucional, inmersa en el estudio de diversas consultas para determinar la existencia de señaladas inconstitucionalidades de este Tratado, actúe de conformidad con el Derecho y la Justicia, con la independencia, la dignidad y el patriotismo que corresponden a tan alta Instancia de nuestro Estado de Derecho. El reconocimiento de los evidentes roces y violaciones a nuestra Constitución Política –por el procedimiento y por el fondo- que contiene el TLC es, a estas alturas, la salida que menos traumas y divisiones puede generar en el pueblo costarricense; ya que permitiría, y de hecho obligaría, a la negociación de un nuevo tratado, uno que garantice el derecho soberano del pueblo costarricense a definir el tipo de desarrollo económico y social y las formas de integración en la economía mundial que mejor propicien el bien común y la convivencia pacífica y democrática.
10) Hacemos un llamado al pueblo costarricense organizado en comités patrióticos cantonales, distritales y de barrio, en coordinadoras, sindicatos, cooperativas, en organizaciones culturales, religiosas y de género, a continuar desarrollando con paso firme y sostenido las tareas de organización, divulgación, capacitación y compromiso ciudadano, hacia la consolidación de la victoria nacional del NO al TLC en el próximo Referéndum.
El desarrollo con dignidad no es un lujo,tampoco es algo a lo que un país puede optar o dejar de hacerlo.
El desarrollo humano con dignidad es el único desarrollo posible.
Adelante Costa Rica, NO a este TLC
San José, 15 de junio de 2007.
La Junta Patriótica de Apoyo a la Campaña Nacional contra el TLC, Costa Rica Primero; integrada por costarricenses del mundo empresarial, laboral, político, deportivo, artístico, académico, cultural y religioso, hombres y mujeres de diversas banderas políticas, hoy unidas y unidos bajo la bandera tricolor de la Patria, manifestamos al pueblo costarricense lo siguiente:
1) Somos un grupo amplio, diverso, pluralista y abierto a todas aquellas personas que, sin distingos políticos, económicos, ideológicos, religiosos, de género o étnicos, quieran sumarse a la creciente multitud de costarricenses que decimos NO al Tratado de Libre Comercio “negociado” entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América.
2) Somos un grupo de respaldo al liderazgo y al movimiento social que desde hace cuatro años se viene forjando y fortaleciendo en esta lucha y resistencia nacional en contra de este inconveniente y ominoso Tratado, cuya eventual ratificación vendría a ensanchar aún más la brecha social y económica que hoy carcome nuestra democracia y profundizaría la división de la familia costarricense.
3) Esta Junta Patriótica nace desde el corazón tricolor de Costa Rica, desde ese corazón que dice NO al TLC, en apoyo al movimiento social que hoy está siendo sistemáticamente atacado y calumniado por los grupos minoritarios que controlan el Gobierno y por algunas de las más poderosas empresas de comunicación.
4) La unidad del movimiento social contra este TLC es un deber y una responsabilidad patriótica esencial en esta coyuntura. Ofrecemos los espacios y recursos de esta Junta Patriótica y los ponemos al servicio de esa unidad del pueblo costarricense que, desde todos los rincones de la Patria, desde todas las etnias, religiones y culturas, desde todas las condiciones sociales y económicas, desde todos los partidos políticos, en forma creciente dice NO a este TLC.
5) Somos conscientes de que en el próximo Referéndum previsto para el siete de octubre, se juega el futuro de nuestro Estado Social de Derecho, de la paz social que nos caracteriza en el concierto de las naciones, de las Garantías Individuales y Sociales que resguarda nuestra Constitución, y de las Instituciones Públicas que nos hacen ser una democracia ejemplar en todo el Continente, así como de nuestra posibilidad de conservar y de aprovechar racionalmente nuestros Recursos Ambientales.
6) Estamos firmemente convencidos de que en la actual coyuntura histórica sólo un rotundo NO al TLC en el Referéndum – o el reconocimiento de sus muchas inconstitucionalidades por parte de la Sala Cuarta- nos permitirá sentar las bases para corregir las debilidades y carencias de nuestras Instituciones y continuar la integración nacional a los procesos de globalización y de apertura desde el enfoque solidario y de paz y justicia social que nos heredaron las mujeres y hombres patriotas que desde la independencia hasta hoy pusieron en primer lugar los intereses de la Patria y no los suyos propios.
7) Asumimos, junto a muchas otras organizaciones políticas, cívicas y sociales, el compromiso de velar por la pureza y transparencia del proceso del Referéndum. En este sentido esperamos que el Tribunal Supremo de Elecciones constituya los mecanismos adecuados para evitar al máximo las prácticas negligentes que puedan afectar la credibilidad en una institución pilar de nuestra democracia. Esta Junta Patriótica mantendrá un respetuoso, pero firme y sostenido control ciudadano sobre este proceso, antes, durante y después del Referéndum.
8) De manera especial, consideramos fundamental, para garantizar no solo la forma sino la esencia democrática de este referéndum, que el Tribunal Supremo de Elecciones haga todo lo que sea necesario –aún lo que va más allá de la mera literalidad de la ley- para garantizar la equidad básica requerida para que este proceso sea realmente democrático: equidad en el acceso a los medios de difusión masiva, equidad en la distribución de recursos para divulgación y propaganda, equidad y ética en la participación de funcionarios públicos en la campaña. Es evidente que los más poderosos representantes del capital nacional y trasnacional están, por motivos propios, interesados en la ratificación del TLC, y están echando mano de todos sus recursos para vencer la resistencia del pueblo costarricense. El Tribunal Supremo de Elecciones no puede obviar esta realidad que amenaza gravemente la esencia democrática del referéndum.
9) Esperamos y confiamos en que la Sala Constitucional, inmersa en el estudio de diversas consultas para determinar la existencia de señaladas inconstitucionalidades de este Tratado, actúe de conformidad con el Derecho y la Justicia, con la independencia, la dignidad y el patriotismo que corresponden a tan alta Instancia de nuestro Estado de Derecho. El reconocimiento de los evidentes roces y violaciones a nuestra Constitución Política –por el procedimiento y por el fondo- que contiene el TLC es, a estas alturas, la salida que menos traumas y divisiones puede generar en el pueblo costarricense; ya que permitiría, y de hecho obligaría, a la negociación de un nuevo tratado, uno que garantice el derecho soberano del pueblo costarricense a definir el tipo de desarrollo económico y social y las formas de integración en la economía mundial que mejor propicien el bien común y la convivencia pacífica y democrática.
10) Hacemos un llamado al pueblo costarricense organizado en comités patrióticos cantonales, distritales y de barrio, en coordinadoras, sindicatos, cooperativas, en organizaciones culturales, religiosas y de género, a continuar desarrollando con paso firme y sostenido las tareas de organización, divulgación, capacitación y compromiso ciudadano, hacia la consolidación de la victoria nacional del NO al TLC en el próximo Referéndum.
El desarrollo con dignidad no es un lujo,tampoco es algo a lo que un país puede optar o dejar de hacerlo.
El desarrollo humano con dignidad es el único desarrollo posible.
Adelante Costa Rica, NO a este TLC
San José, 15 de junio de 2007.
Costa Rica: Golpe al Estado solidario
- - - Servicio Informativo "Alai-amlatina" - - -
Costa Rica: Golpe al Estado solidario
Por: José Merino del Río
Costa Rica: Golpe al Estado solidario
Por: José Merino del Río
-Prohíbe el establecimiento de subsidios cruzados entre diferentes bienes y servicios ofrecidos por un operador o proveedor (artículo 60).Precisamente, son los subsidios cruzados los que nos han permitido garantizar el cumplimiento del principio de solidaridad plasmado en nuestra Constitución (artículos 50 y 74).
-La contribución que se establece a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones al Fondo Nacional de Telecomunicaciones FONATEL), dispone que no podrá ser menor al 2% ni superior a un 4% de los ingresos brutos obtenidos directamente. Esta contribución podría ser hasta 4,5 veces menos de lo que hoy invierte el país para subsidiar elservicio universal que es de un 9%.
-La contribución que se establece a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones al Fondo Nacional de Telecomunicaciones FONATEL), dispone que no podrá ser menor al 2% ni superior a un 4% de los ingresos brutos obtenidos directamente. Esta contribución podría ser hasta 4,5 veces menos de lo que hoy invierte el país para subsidiar elservicio universal que es de un 9%.
Se termina con la universalidad del servicio
Los servicios de telecomunicaciones en nuestro país se basan en el principio de “servicio universal”, pero el proyecto de ley cambia este concepto por el de “acceso universal”, definido como “el derecho efectivo al acceso de servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general de uso colectivo a costo asequible y a una distancia razonable respecto a los domicilios, con independencia de la localización geográfica y condición socioeconómica…” (art. 6:x). Como podemos ver con este cambio, se varía totalmente el concepto de servicio universal, pues solo se garantizará el acceso universal, demanera colectiva, o sea, poniendo a disposición de una comunidad determinada un teléfono público.
Aumenta tarifas para los usuarios
Se establece que la SUTEL podrá determinar que existen condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva, en cuyo caso se autoriza a que sean los propios proveedores los que fijen los precios por los servicios de telecomunicaciones (artículo 54). Vemos así, como se rompe con la naturaleza jurídica dada por nuestro país a este tipo de servicios, pasando de considerarse servicios públicos al costo, a ser considerados como simple mercancía.
En este sentido, nada impediría que grandes transnacionales que operen en nuestro país se pongan de acuerdo y bajen los precios a tal punto que el ICE no pueda competir y quiebre, como ha ocurrido en otros sectores del comercio; por supuesto después los precios subirán y a partir de ese momento serán los que fijen esos operadores en aras de obtener mayores ganancias, con el consecuente perjuicio para los usuarios, pudiendo llegar a cuadruplicarse como ha ocurrido en toda América Latina.
Los servicios de telecomunicaciones en nuestro país se basan en el principio de “servicio universal”, pero el proyecto de ley cambia este concepto por el de “acceso universal”, definido como “el derecho efectivo al acceso de servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general de uso colectivo a costo asequible y a una distancia razonable respecto a los domicilios, con independencia de la localización geográfica y condición socioeconómica…” (art. 6:x). Como podemos ver con este cambio, se varía totalmente el concepto de servicio universal, pues solo se garantizará el acceso universal, demanera colectiva, o sea, poniendo a disposición de una comunidad determinada un teléfono público.
Aumenta tarifas para los usuarios
Se establece que la SUTEL podrá determinar que existen condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva, en cuyo caso se autoriza a que sean los propios proveedores los que fijen los precios por los servicios de telecomunicaciones (artículo 54). Vemos así, como se rompe con la naturaleza jurídica dada por nuestro país a este tipo de servicios, pasando de considerarse servicios públicos al costo, a ser considerados como simple mercancía.
En este sentido, nada impediría que grandes transnacionales que operen en nuestro país se pongan de acuerdo y bajen los precios a tal punto que el ICE no pueda competir y quiebre, como ha ocurrido en otros sectores del comercio; por supuesto después los precios subirán y a partir de ese momento serán los que fijen esos operadores en aras de obtener mayores ganancias, con el consecuente perjuicio para los usuarios, pudiendo llegar a cuadruplicarse como ha ocurrido en toda América Latina.
Peor aún, se establece que los proveedores de servicios de telecomunicaciones no están obligados a justificar sus precios de acuerdo a sus costos ni a registrarlos (artículo 55). Mientras que el ICE si tendrá que hacerlo, exigiéndole que la interconexión a los privados se la dé al costo.
Además se obliga al ICE a que garantice a los privados el acceso a las instalaciones esenciales (edificios, postes, ductos, torres, canalizaciones, estaciones –art. 6:k) o sea, que lo que hoy tiene el ICE y ha desarrollado con el aporte y esfuerzo de todos los habitantes, deberá ponerse a disposición de los operadores privados que ingresen a nuestro mercado y a precios de costo. Esto implicará una desventaja más para el ICE respecto a los competidores transnacionales, siendo que los países que ya se han abierto han sufrido un estancamiento en el desarrollo de sus redes fijas, debido a disposiciones como éstas.
Se pierde el concepto de servicio público
Se define los servicios de telecomunicaciones como servicios disponibles al público (artículo 6:z), que no es lo mismo que servicios públicos de telecomunicaciones. Al dejar de ser un servicio público se excluye de la tutela del artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública; hoy es considerado además un servicio básico al que deben tener acceso todos los habitantes, y se convierte en una mercancía, es un servicio disponible al público, pero estaría al alcance solo de quienes puedan pagarlo. Lo cual es inconstitucional por contrariar lo dispuesto en los artículos 60 y 121 inciso 14 de la Constitución Política.
Asignación de frecuencias en manos de los políticos de turno
En el dictamen aprobado se modificó el órgano encargado de asignar y reasignar las frecuencias dándole esta competencia al Poder Ejecutivo (artículo 10), mientras que un texto anterior se la daba al Ente Regulador, dejándolo así en manos de un órgano netamente político, que cambia cada cuatro años, que es vulnerable a cualquier tipo de influencias políticas, como en el caso de Millicom. Además el proyecto propone que la asignación de las frecuencias esté en manos del Poder Ejecutivo, mientras que el control lo tendría otra entidad, lo cual implicaría mayores gastos de fondos públicos.
El ICE pierde las frecuencias del espectro radioeléctrico
El proyecto de ley no se refiere a las concesiones del ICE otorgadas al ICE en su Ley de creación, que le autoriza a brindar los servicios de telecomunicaciones mediante una concesión de pleno derecho por tiempo indefinido; pero sí establece que las concesiones del espectro serán por 15 años prorrogables hasta los 25 años. Por otra parte, en el transitorio III se obliga al ICE y a RACSA a levantar una lista de todas las frecuencias que le han sido asignadas e indicar cuáles no está explotando; y de seguido autoriza al Poder Ejecutivo para que les solicite que devuelvan las frecuencias para que sean reasignadas a operadores privados.
Privilegios para los inversionistas privados
El dictamen incluye como objetivo de la ley que “no se fomente el establecimiento de tributos” (artículo 2:h), con lo que se pretende que las inversiones en el sector de telecomunicaciones no se graven, lo cual es inconstitucional al dejar de lado la potestad tributaria del Estado, establecida en el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, y por supuesto, el deber consagrado en el artículo 18 de contribuir con los gastos del Estado.
- José Merino del Río es diputado del Partido Frente Amplio.
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CHEVRON TEXACO PIERDE DEMANDA CONTRA ECUADOR EN NUEVA YORK
La Corte Federal de Nueva York, negó la demanda planteada por Chevron Texaco, con la cual pretendía obligar al gobierno cuatoriano a someterse a un arbitraje, para evadir la jurisdicción de las Cortes de Justicia ecuatorianas, en el juicio que le siguen 30.000 ecuatorianos por daños ambientales y sociales.
Según el Juez Federal del Distrito Sur de Nueva York, Leonard Sand, quien emitió la resolución, la empresa deberá someterse a las leyes ecuatorianas y a las decisiones emanadas de la Corte de Nueva Loja, reconociendo así la jurisdicción y competencia de la justicia ecuatoriana en esta demanda, puesto que no existe Acuerdo de Operación Conjunta entre el gobierno ecuatoriano y Texaco y por lo tanto ninguna posibilidad la posibilidad de arbitraje.
Esta resolución constituye un serio revés para la petrolera, ya que con ella ha perdido una de las mayores posibilidades en su pretensión de que el Estado ecuatoriano asuma los costos de sus malas prácticas.
A esto se suma el hecho que en el Ecuador, por decisión del Presidente de la Corte Superior de Lago Agrio (Nueva Loja), quien por mandato de la ley, ordenó el inicio del peritaje global, que diagnosticará el daño causado por Texaco en las provincias de
Sucumbíos y Orellana por sus operaciones hidrocarburíferas y cuantificará el monto económico que deberá pagar la petrolera, en base a lo que dispone la ley del Ecuador.
Estos dos pronunciamientos legales "han producido gran conmoción en Texaco, que durante los últimos años ha intentado por todos los medios demorar el juicio y evadir sus responsabilidades, pretendiendo desconocer la jurisdicción ecuatoriana", dijo Luis Yanza, Coordinador de la Asamblea de Afectados.
Esta es una demostración más de la "desesperación de Texaco ante las contundentes evidencias en su contra", manifestó Pablo Fajardo, el abogado que encabeza la demanda de los pobladores.
Fajardo negó la existencia de algún tipo de intromisión o presión sobre la Corte Superior de Nueva Loja, al contrario "Texaco es quien ha ejercido presión y obstrucción a la justicia para impedir que el perito se posesione y así dilatar el juicio innecesariamente y lo que les preocupa es que no han podido controlar a la justicia ecuatoriana y estadounidense. La única presión existente es la de los hechos y las evidencias que están comprobando la existencia de graves impactos ambientales, humanos, culturales y sociales que están produciendo centenares de muertos ecuatorianos", dijo.
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ASAMBLEA DE AFECTADOS POR TEXACO
FRENTE DE DEFENSA DE LA AMAZONIA
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texacotoxico@gmail.com
ALTERCOM
http://www.altercom.org
Con un TLC vigente, habría ganado ya que las transnacionales habrían obligado a seguir proceso con leyes ajenas a las de Ecuador en tribunales privados extraterritoriales.
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Cámara de Empresarios pro Costa Rica
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Apartado Postal 2606 (1000)
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domingo, 17 de junio de 2007
Referendo y conflicto social
Por: Luis Paulino Vargas Solís
(http://www.tribunademocratica.com/2007/06/referendo_y_conflicto_social.html)
Junio 16, 2007
En un primer momento dos fueron las visiones que emergieron al interior del movimiento de oposición al TLC, en relación con la propuesta de referendo. La una, sustentaba por quienes promovían esa opción, enfatizaba que éste sería el mecanismo idóneo para canalizar y resolver el conflicto sin poner en riesgo la paz social. La segunda posición insistía en que el TLC debía ser enfrentado en las calles y por medio de la movilización popular, y en sus versiones más estridentes descalificaba la propuesta del referéndum como “oportunista” y desmovilizadora. La realidad ha demostrado ser mucho más compleja de lo que en uno y otro caso se pensaba.
Primero, es obvio que el referendo no es, ni mucho menos, un antídoto contra la violencia social, cuando más bien, y dependiendo de cómo evolucionen las cosas –y hasta el momento no se ven muy prometedoras- podría simplemente ser un detonante que, por vías parcialmente distintas, empuje hacia el conflicto abierto. Segundo, e igualmente claro, el referendo ha desatado nuevos esfuerzos de organización ciudadana que, siempre descentralizados y con un alto grado de autonomía, podrían incluso ver incrementado su poder de convocatoria y participación, ya que se orientan hacia un objetivo preciso –el referendo mismo- cuando anteriormente lo que existía era una interpelación abierta a una lucha más bien difusa, respecto de la cual se desconocía cuándo se presentaría el momento culminante.
El referendo no vacuna contra la violencia en virtud del contexto socio-histórico en que se está llevando a cabo. En primer lugar, y de un lado, la magnitud de los intereses y la dureza graníticas de las posiciones ideológicas que se apuestan a favor del TLC. Y, en la otra acera, el grado de politización del Movimiento del No, el cual no admite –y con pleno derecho, por cierto- soluciones amañadas ni diálogos teatralizados ni imposiciones o atropellos.
Este pluralista y diverso movimiento ciudadano representa la punta de lanza del pueblo costarricense. Ahí están los sectores políticamente más concientes, responsables, educados y maduros. No se conforma con el juego de caretas del ritual eleccionario de cada cuatro años. Sabe que salir electo no concede a nadie un cheque en blanco para hacer de forma inconsulta lo que le dé la gana, mucho menos si esa elección es fruto del despilfarro publicitario y la manipulación. Y, por cierto, esta conciencia ciudadana tiene profundas raíces populares y en mucho sentidos se encuentra por delante de lo que podríamos llamar sus “dirigencias nacionales”.
Frente a este movimiento ciudadano, políticamente maduro, en la otra acera se erige el poder concentrado de oligarquías que, de unos años a esta parte, parecen haber entrado en un proceso de aguda decadencia, en virtud del cual se agravan sus características más problemáticas: ideológicamente son inflexibles y fundamentalistas; políticamente resultan incapaces de transigir y escuchar; económicamente se mueven por intereses que definitivamente dejaron de ser los de Costa Rica y su pueblo. Y en lo ético y moral constituyen una masa informe de cinismo y avaricia.
En el contexto del proceso del referendo esos rasgos parecen explotar en manifestaciones sumamente agudas. Quizá se deba a que, con anterioridad, bastaba con concentrar la artillería en la Asamblea Legislativa a fin de mantener bien amarrado al “bloque de los 38”. Más allá del ámbito parlamentario, procuraban tan solo invertir la energía mínima que, según calculaban, era necesaria para contener dentro de ciertos límites “razonables” al Movimiento del No. Para ello bastaba la propaganda millonaria financiada no se sabe de dónde; la manipulación informativa sistemáticamente ensayada por las corporaciones mediáticas y, convenientemente dosificados, los ataques sucios contra líderes sociales u organizaciones específicas. De esto último dan buen testimonio los chicos y chicas del Movimiento Estudiantil Alternativo, salvajemente hostilizados, en coincidencia nada casual, por Telenoticias y casa presidencial.
Cuando la cosa deja de depender de “los sumisos 38” y el escenario se abre a posibilidades mucho más complejas y diversificadas, la ansiedad se vuelve delirio y, entonces, empiezan los desbordes. Y, tristemente, cada día presenciamos nuevas manifestaciones de histeria. El Tribunal de Elecciones, con sus decisiones lamentables, es ejemplo notable. El conocido desvelado o el presidente de cierta encumbrada organización empresarial, perdida toda mensura, son casos para el diván. La campaña contra las universidades públicas, la agudización de los ataques contra dirigentes sociales, el intento de bloqueo de la red de Costa Rica Solidaria o la injuria sistemática en relación con dineros venidos del exterior cuya existencia jamás ha sido probada, agregan nuevas evidencias. Es patético ver a poderosos medios exigir “equilibrio” siendo ellos mismos el desequilibrio hecho carne. Pero la cosa se volvió demencia absoluta cuando cierto editorialista tiene la desfachatez de cuestionar la potestad constitucional de los consejos universitarios para establecer una posición oficial de la respectiva universidad, en relación con cualquier proyecto de ley, incluido el TLC.
Por esta vía el referendo, en vez de ser un mecanismo de decisión pacífica y reencuentro respetuoso, arriesga convertirse en un inmenso fiasco y en una fuerza negativa que empuja hacia la agudización del conflicto. Me temo que a las oligarquías telecistas no les importa. Su grado de intransigencia tan solo sugiere una cosa: están dispuestos a aplicar la “medicina” que sea necesaria para lograr su objetivo. Desde el movimiento ciudadano nos toca profundizar esfuerzos de educación popular, desarrollo de la conciencia democrática y civilista de nuestra gente, convocatoria a una decisión madura y pacífica. Y por la vía pacífica seguiremos hasta donde esta enfermiza prepotencia oligárquica lo permita.
Tapabocas
Por: Luis Paulino Vargas Solís
(http://www.tribunademocratica.com/2007/06/tapabocas.html)
Junio 09, 2007
El referéndum es ejercicio democrático en su aspecto aparente y formal pero no necesariamente en su contenido sustantivo. Hemos podido comprobar lo que esto significa a propósito de los torneos electorales cuatrienales, donde prima el dinero y el marketing; la manipulación, el amarillismo y el soborno. Así, la gente termina eligiendo a representantes-que-no-la-representan, los cuales, puestos donde querían llegar, terminan actuando como lo que son: miembros de una oligarquía angurrienta -en el mejor de los casos- cuando no simplemente sus obsecuentes servidores.
Conforme pasan las semanas, se hace más cierto el peligro de que algo similar (quizá mucho peor) ocurra con el referéndum sobre el TLC. La intransigencia e irrespeto con que se intenta cerrar espacios de debate que han permanecido libres y plurales –por ejemplo, la Universidad de Costa Rica- da buen anticipo de lo que digo. Sumemos: la campañita de La Nación y otros medios poderosos; las cartitas del irrespetuoso señor presidente de la Unión de Cámaras; el escandalito de los estudiantes que-nunca-debatieron-y-ahora-quieren-debatir-en-“equilibrio”. Demasiado para que pueda ser coincidencia ¿Qué sigue? ¿Amenazas, más o menos veladas o evidentes, de restricción presupuestaria?
Ante esto, y primero que nada, reiteremos lo obvio. El debate público alrededor del TLC se ha empobrecido gravemente a causa de la absoluta parcialidad con que ha sido manejada la información por las grandes corporaciones mediáticas y el cúmulo inmenso de los millones malbaratados en publicidad. Han hecho un esfuerzo concienzudo en procura de envilecer el proceso y convertirlo en un torneo de estupidización colectiva. Y, por cierto, estos que demandan “neutralidad” a las universidades son quienes han privatizado la libertad de expresión y la han convertido en coto cerrado, gobernado por criterios de peculio y accesible tan solo a un reducidísimo número de privilegiados.
En seguida, resaltemos que si las universidades públicas (excepto la UNED ) han definido una posición oficial frente al TLC, lo han hecho, en primera instancia, con base en sus facultades legales y constitucionales y -lo que para el caso es más relevante- apoyadas en un análisis amplio y fundamentado del tratado. Ha sido, pues, un ejercicio democrático, legítimo y responsable. Por otra parte, innumerables fueron los intentos emprendidos en estas universidades tratando de promover debates con participación plural, malogrados reiteradamente por la negativa de los promotores del TLC a participar. Y esto, por cierto, es muchísimo más de lo que pueda decirse de La Nación , Telenoticias, Casa Presidencial, COMEX o INCAE, que masivamente movilizan enormes recursos publicitarios exclusivamente a favor del TLC.
Aducir que por tratarse de fondos públicos las universidades deberían limitarse a promover “debates equilibrados” sin asumir una posición definida, es tan solo un pretexto para encubrir detrás de lo que verdaderamente se anda: censurar y acallar los puntos de vista críticos. Las universidades, para merecer el nombre de tales y no deslucir la tradición histórica en que se fundamentan, han de ser espacios libres para el estudio, la reflexión y la crítica. Y ello incluye la posibilidad de decir y difundir aquello que incomoda a los poderes económicos y políticos y aquello que silencian los poderes mediáticos.
Tomar posición es un deber frente al pueblo de Costa Rica precisamente porque este pueblo provee los recursos con base en los cuales funcionan las universidades. Es un deber de honestidad intelectual por parte de quienes hacemos docencia e investigación, y un deber histórico frente a una decisión nacional de enorme trascendencia. Es el deber de advertirle a ese pueblo acerca de los riesgos y amenazas que un tratado como este entraña. El deber de argumentar con largueza y seriedad el por qué se afirman que tales riesgos son ciertos. El deber de difundir los resultados de ese esfuerzo de investigación y, en lo posible, hacerlos accesibles al pueblo. El deber de contraponer públicamente esos puntos de vista con el de quienes promueven el tratado. El deber de exigirle a éstos que también argumenten sus posiciones, en vez de despilfarrar millones en manipulación publicitaria.
Exigen “neutralidad” aduciendo que las universidades funcionan con base en recursos públicos. El cinismo de su doble moral les permite vociferar de esa forma sin chistar acerca de los millones que COMEX o el Presidente gastan en publicidad. Pero el caso es que, en realidad, la verdadera responsabilidad de las universidades públicas –precisamente por ser públicas- es la de ser espacio libre para la investigación, la reflexión y el debate. Y esto incluye a quienes favorecen el TLC, como bien lo saben, por ejemplo, aquellos profesores e investigadores universitarios que también son articulistas en La Nación o asesores al servicio de las elites políticas, económicas y mediáticas.
En cambio, otros universitarios y universitarias preferimos compartir con la ciudadanía organizada los frutos de nuestro trabajo. Tan ampliamente como se pueda, he dicho. El ardor e incomodidad que ello ocasiona a los telecitas, dan buena señal de que lo estamos haciendo bien. Es decir, estamos siendo cumplidores con el mandado que el pueblo nos ha dado como universitarios.
Los telecistas están desnudando un rostro siniestro. El tapabocas que se le intenta poner a las universidades es apenas una muestra de ello. Vale la pena ponerle más reflexión al asunto.
jueves, 14 de junio de 2007
El referéndum y el derecho de la ciudadanía al equilibrio informativo. Propuesta a UCCAEP
Montserrat Sagot Rodríguez
La decisión del Tribunal Supremo de Elecciones de convocar a un referéndum vinculante, mediante el cual la ciudadanía apruebe o impruebe el TLC, constituye un hito histórico en Costa Rica ya que abre la puerta para el ejercicio de la democracia directa. Esta decisión obliga al Gobierno de la República a poner en consulta un proyecto de ley que implica grandes transformaciones en el modelo de desarrollo y en el Pacto Social mantenidos en el país en los últimos 50 años. La figura del referéndum conlleva una profundizació n de la democracia, siempre y cuando se garanticen unas reglas claras y unas condiciones equitativas. Dado que el referéndum permite a la ciudadanía una participación directa en las decisiones trascendentales sobre el destino de sus sociedades, en lugar de dejarlas únicamente en manos de sus representantes, el acceso a una información equilibrada, veraz y transparente es condición necesaria para garantizar la equidad en un proceso tan importante como el que estamos viviendo.
En los últimos tres años, en la UCR se han organizado, y se seguirán organizando, una gran cantidad de debates y foros, en la mayoría de los cuales ha habido participación tanto de los sectores que favorecen la aprobación del Tratado como de los que se oponen a este. En muchas otras actividades, las personas a favor del Tratado no quisieron participar o, simplemente, no llegaron a pesar de haber sido invitadas. Esta negativa a debatir no es reciente. Se inició con la negociación misma del Tratado en la que los negociadores no aceptaron discutir ni el proceso ni los resultados. El desprecio al debate público ha sido acompañado por una campaña multimillonaria a favor del TLC, orientada no a educar o fomentar la discusión de fondo, sino a generar temores, falsas expectativas y desinformació n en la ciudadanía. En este mismo contexto, en la UCR se ha generado una gran cantidad de investigaciones, análisis, reflexiones, programas de radio y televisión que arrojan argumentos sólidos y contundentes sobre el impacto negativo que tendrá este Tratado. Estas conclusiones no son el resultado de ocurrencias antojadizas o de “adoctrinamientos ideológicos”, sino el producto de un estudio exhaustivo y sistemático del Tratado, como corresponde a una universidad seria, responsable y comprometida con el logro del bien común.
En ese sentido, la UCR ha cumplido a cabalidad con su parte, incluyendo con su responsabilidad de compensar los desequilibrios informativos que se dan fuera del ámbito universitario. A pesar de la campaña de falsas acusaciones sobre supuestas restricciones a la libertad de expresión en nuestro campus, la Universidad de Costa Rica seguirá con su compromiso de realizar debates amplios sobre el TLC. Esperamos que frente a las nuevas circunstancias, que trasladaron la decisión a manos de la ciudadanía y, por tanto, hay que convencerla con argumentos sólidos, los partidarios del Tratado hagan acto de presencia y discutan abiertamente en las diferentes actividades que se están organizando.
Propuesta a la UCCAEP
Dado que compartimos la preocupación del Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), según lo expresado en sus cartas a autoridades universitarias, por abrir espacios para el libre intercambio de ideas sobre el TLC y por garantizar el derecho de toda la ciudadanía a la información veraz, lo instamos a organizar foros en las empresas que forman parte de su asociación con el fin de que los trabajadores y las trabajadoras puedan escuchar tanto los argumentos a favor como en contra del TLC.
Directora del Consejo Universitario, UCR
Como parte de una práctica ciudadana democrática y al cobijo de valores como la pluralidad, la equidad y la justicia, que estoy segura compartimos, podemos llegar a algún acuerdo sobre esta propuesta. Si la UCCAEP la acepta, desde la UCR nos comprometemos a apoyar la organización de estos foros, aportando los expertos y expertas que puedan presentar los argumentos que contribuyan con el equilibrio en el debate y así fortalecer las condiciones de equidad necesarias para la realización del Referéndum.
jueves, 7 de junio de 2007
Comité Patriótico de Curridabat
Estimados amigos del programa TLC en Español:
Esperamos que estén muy bien y queremos felicitarlos por el programa!
Queremos contarles que en Curridabat hace dos semanas formamos el "Comité Patriótico Curridabat dice No al TLC" y está integrado por unas 35 personas.
Ya estamos organizados por comisiones y este domingo tendremos una jornada de capacitación para comenzar el siguiente fin de semana las visitas casa por casa.
El Comité Patriótico se reúne todos los miércoles a las 7 p.m. en la Municipalidad de Curridabat. Para más información 272-4964 o curridabatdiceno@gmail.com .
Nos gustaría que nos ayuden a divulgar esta convocaroria para que se sumen más vecinos. En el grupo hay gente de muchos barrios y tanto jóvenes como adultos de la mayor diversidad.
Gracias por tomarnos en cuenta
Un abrazo!!!
Lorna Chacón
Comisión de Comunicación
miércoles, 6 de junio de 2007
CAMBIO FECHA DEL REFERENDUM (RESOLUCIÓN DEL TSE)
Señores
Marisol Castro Dobles, Directora General del Registro Civil
Fernando Víquez Jiménez, Director Ejecutivo
Mary Anne Mannix Arnold, Jefa a.i. del Departamento Legal
Héctor Fernández Masís, Coordinador de Programas Electorales
Ana María Jiménez Rodríguez, Jefa de la Oficina de Comunicación y Protocolo
Referencia: Modificaciones al referéndum.
Estimado señor:
Esta Secretaría comunica el acuerdo adoptado por el Tribunal Supremo de Elecciones en Sesión Ordinaria Nº 48-2007, celebrada el cinco de junio del año en curso, integrado por el señor Magistrado Luis Antonio Sobrado González, quien preside, y las señoras Magistradas Eugenia María Zamora Chavarría y Zetty Bou Valverde, que dice:
"ARTÍCULO SEGUNDO.-
Ante memorial suscrito por varios diputados y diputadas, mediante el cual formulan consulta legislativa sobre el proyecto de ley "Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos" (expediente legislativo n.º 16047), el pasado 31 de mayo la Sala Constitucional dictó la resolución n.º 7896-07, notificada al Directorio de la Asamblea Legislativa al día siguiente, por intermedio de la cual dispuso: "Acumúlese esta consulta a la que bajo expediente número 07-005632-0007-CO se tramita ante esta Sala. Se solicita al Presidente de la Asamblea Legislativa el envío del expediente legislativo número 16.047 completo, o bien copia certificada, dentro del plazo de ocho días hábiles".
Lo así resuelto plantea un nuevo escenario para este Tribunal, en su condición de organizador del referéndum sobre ese proyecto de ley, toda vez que dicha consulta formula objeciones de procedimiento que, en caso de ser acogidas por la Sala, impactarían su celebración. En efecto, el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional estipula que el dictamen que rinda la Sala, con ocasión de ese tipo de consultas, "... sólo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado". Esa eventualidad no estaba presente a propósito de la consulta previa de la Defensoría de los Habitantes, toda vez que la indicada Ley sólo legitima a la señora Defensora para plantear posibles inconstitucionalidades de fondo, en los términos del inciso ch) de su artículo 96, por lo que, aún bajo el supuesto de que la Sala los acogiera, su pronunciamiento carecería de efecto vinculante y, por ende, resultaría incapaz de enervar o demorar la convocatoria a la ciudadanía.
Siendo entonces que, en caso que la Sala acreditara la existencia de trámites inconstitucionales respecto del proyecto consultado, procedería suspender el referéndum -aunque no si se tratara de otro tipo de posibles vicios- y que esa eventualidad está presente con motivo de la consulta legislativa interpuesta y cursada, este Tribunal considera oportuno y prudente modificar la fecha tentativa fijada para su celebración, con el propósito de contar con la resolución final de la jurisdicción constitucional sobre este asunto antes de comunicar oficialmente la convocatoria a referéndum.
Sobre este particular cabe apuntar que el Tribunal ha ponderado la importancia de que la aplicación de los recursos públicos que demanda la organización de la consulta popular se de, en la medida de lo posible, hasta tanto haya certeza acerca de la celebración del referéndum. Además, el traslado de la fecha indicada permitirá incorporar a más costarricenses en el ejercicio comicial, toda vez que se utilizaría el padrón electoral con cierre al mes de junio, fomentando, con ello, una mayor participación popular y ampliando, de paso, el período de debate y reflexión de la ciudadanía.
Se acuerda: Modificar la fecha tentativa de celebración del referéndum, fijándola para el 7 de octubre próximo. La misma sólo se suspendería si la Sala Constitucional, en el marco de las consultas de constitucionalidad que tramita en forma acumulada, acredita la existencia de eventuales trámites inconstitucionales del proyecto consultado. La comunicación oficial de la convocatoria a referéndum se traslada para el 12 de julio. Las votaciones se celebrarán con base en el padrón electoral con cierre al mes de junio. La Coordinación de Programas Electorales replanteará el cronograma propuesto, para lo cual tendrá adicionalmente en cuenta las observaciones que el Departamento Legal plantea en su oficio n.º DL-249-2007. El señor Coordinador, además, valorará la suspensión de todos o algunos de los contratos del personal de servicios especiales ya nombrado, con el propósito de que pueda contarse con su colaboración en todos los momentos requeridos por la organización electoral, atendiendo a la modificación dispuesta.
ACUERDO FIRME."
Atentamente,
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Marisol Castro Dobles, Directora General del Registro Civil
Fernando Víquez Jiménez, Director Ejecutivo
Mary Anne Mannix Arnold, Jefa a.i. del Departamento Legal
Héctor Fernández Masís, Coordinador de Programas Electorales
Ana María Jiménez Rodríguez, Jefa de la Oficina de Comunicación y Protocolo
Referencia: Modificaciones al referéndum.
Estimado señor:
Esta Secretaría comunica el acuerdo adoptado por el Tribunal Supremo de Elecciones en Sesión Ordinaria Nº 48-2007, celebrada el cinco de junio del año en curso, integrado por el señor Magistrado Luis Antonio Sobrado González, quien preside, y las señoras Magistradas Eugenia María Zamora Chavarría y Zetty Bou Valverde, que dice:
"ARTÍCULO SEGUNDO.-
Ante memorial suscrito por varios diputados y diputadas, mediante el cual formulan consulta legislativa sobre el proyecto de ley "Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos" (expediente legislativo n.º 16047), el pasado 31 de mayo la Sala Constitucional dictó la resolución n.º 7896-07, notificada al Directorio de la Asamblea Legislativa al día siguiente, por intermedio de la cual dispuso: "Acumúlese esta consulta a la que bajo expediente número 07-005632-0007-CO se tramita ante esta Sala. Se solicita al Presidente de la Asamblea Legislativa el envío del expediente legislativo número 16.047 completo, o bien copia certificada, dentro del plazo de ocho días hábiles".
Lo así resuelto plantea un nuevo escenario para este Tribunal, en su condición de organizador del referéndum sobre ese proyecto de ley, toda vez que dicha consulta formula objeciones de procedimiento que, en caso de ser acogidas por la Sala, impactarían su celebración. En efecto, el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional estipula que el dictamen que rinda la Sala, con ocasión de ese tipo de consultas, "... sólo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado". Esa eventualidad no estaba presente a propósito de la consulta previa de la Defensoría de los Habitantes, toda vez que la indicada Ley sólo legitima a la señora Defensora para plantear posibles inconstitucionalidades de fondo, en los términos del inciso ch) de su artículo 96, por lo que, aún bajo el supuesto de que la Sala los acogiera, su pronunciamiento carecería de efecto vinculante y, por ende, resultaría incapaz de enervar o demorar la convocatoria a la ciudadanía.
Siendo entonces que, en caso que la Sala acreditara la existencia de trámites inconstitucionales respecto del proyecto consultado, procedería suspender el referéndum -aunque no si se tratara de otro tipo de posibles vicios- y que esa eventualidad está presente con motivo de la consulta legislativa interpuesta y cursada, este Tribunal considera oportuno y prudente modificar la fecha tentativa fijada para su celebración, con el propósito de contar con la resolución final de la jurisdicción constitucional sobre este asunto antes de comunicar oficialmente la convocatoria a referéndum.
Sobre este particular cabe apuntar que el Tribunal ha ponderado la importancia de que la aplicación de los recursos públicos que demanda la organización de la consulta popular se de, en la medida de lo posible, hasta tanto haya certeza acerca de la celebración del referéndum. Además, el traslado de la fecha indicada permitirá incorporar a más costarricenses en el ejercicio comicial, toda vez que se utilizaría el padrón electoral con cierre al mes de junio, fomentando, con ello, una mayor participación popular y ampliando, de paso, el período de debate y reflexión de la ciudadanía.
Se acuerda: Modificar la fecha tentativa de celebración del referéndum, fijándola para el 7 de octubre próximo. La misma sólo se suspendería si la Sala Constitucional, en el marco de las consultas de constitucionalidad que tramita en forma acumulada, acredita la existencia de eventuales trámites inconstitucionales del proyecto consultado. La comunicación oficial de la convocatoria a referéndum se traslada para el 12 de julio. Las votaciones se celebrarán con base en el padrón electoral con cierre al mes de junio. La Coordinación de Programas Electorales replanteará el cronograma propuesto, para lo cual tendrá adicionalmente en cuenta las observaciones que el Departamento Legal plantea en su oficio n.º DL-249-2007. El señor Coordinador, además, valorará la suspensión de todos o algunos de los contratos del personal de servicios especiales ya nombrado, con el propósito de que pueda contarse con su colaboración en todos los momentos requeridos por la organización electoral, atendiendo a la modificación dispuesta.
ACUERDO FIRME."
Atentamente,
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
domingo, 3 de junio de 2007
La mayoría de la Universidad de Costa Rica está contra el TLC
Frente de la UCR contra el TLC
La gran mayoría de estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores administrativos de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de las universidades públicas están en contra del tratado. Entendemos la preocupación de los partidarios del tratado ante esta realidad. Por ello orquestan una campaña para silenciar a la Universidad de Costa Rica. El primer intento lo llevaron a cabo unos pocos estudiantes de Derecho y Ciencias Económicas. Nuestra posición frente a esta campaña es la siguiente:
En la UCR ha habido y sigue habiendo un debate democrático sobre el TLC. En los últimos tres años, en la UCR se han organizado gran cantidad de debates y foros, en muchos de ellos hubo participación de ambas partes. En muchas otras actividades, los representantes a favor del tratado no quisieron participar o, simplemente, no llegaron a pesar de haber sido invitados. El desprecio a debatir no es reciente. Se inició con la negociación misma del tratado en que los negociadores no aceptaron debatir ni el proceso ni los resultados, continuó durante el proceso electoral en que el expresidente Arias no discutió el TLC y después de la elección, bajo el argumento de que Oscar Arias había ganado y tenía derecho a imponer el tratado, obviando que el resultado electoral reflejaba una realidad palmaria: el país está dividido. Además, este grupo consideraba innecesario debatir porque en la Asamblea Legislativa contaba con una mayoría incondicional e irreflexiva de 38 votos que supuestamente les aprobaría el tratado. Por ello, los diputados favorables al tratado rehuyeron al debate parlamentario.
El desprecio al debate público ha sido y sigue siendo acompañado por una campaña multimillonaria a favor del TLC orientada no a educar o fomentar la discusión de fondo, sino a generar miedo y desinformación en la ciudadanía.
En ese mismo contexto, en la Universidad de Costa Rica se generaron y generan gran cantidad de discusiones, debates, reflexiones, investigaciones, programas de radio y televisión que arrojan argumentos sólidos y contundentes sobre el impacto negativo que tendrá este tratado en el desarrollo nacional. La gran mayoría de los estudios de las universidades públicas sobre el TLC indican claramente que éste hará más ricos a los ricos; tendrá un efecto destructivo sobre los servicios públicos, incluyendo la salud, la educación, las telecomunicaciones y la energía; destruirá cientos de miles de empleos, más que los que generará, y será particularmente negativo para miles de micro, pequeñas y medianas empresas. A ello se suma la existencia de roces constitucionales. Estas conclusiones no son resultado de ocurrencias antojadizas sino resultado de un estudio exhaustivo, serio y sistemático del tratado y por lo que ha sucedido en otros países que han firmado tratados similares, tales como México y los resultados negativos que está obteniendo el resto de Centroamérica después de la firma del tratado.
¿Por qué ahora los del Sí quieren debatir? Gracias al referendo se abrió un escenario inédito: la gente común y no la clase política tomará la decisión fundamental sobre el TLC y el futuro del país. Eso hará que mucha gente busque información seria para definir su posición. Sin lugar a dudas, la ciudadanía recurrirá a la UCR y a las otras universidades públicas para informarse y tomar su decisión. Es a esto a lo que temen los partidarios del tratado porque la gran mayoría de la comunidad académica nacional, al igual que la Defensoría de los Habitantes y, en general, la intelectualidad costarricense, han llegado a la conclusión de que este tratado, tal y como fue mal-negociado, debe ser rechazado.
¿Debe la UCR ser neutral? Acorde con el Estatuto Orgánico, la UCR debe garantizar la libertad de cátedra y la diversidad de pensamiento. Hasta el momento, no hay ni una sola denuncia formal de persecución ideológica por parte de estudiantes o profesores y, mucho menos, se han dado sanciones a quienes tienen una posición favorable al tratado. Emplazamos a los profesores y estudiantes favorables al tratado que han sido amenazados o se les ha impedido ejercer su derecho a ejercer la libertad de cátedra o de opinión a que presenten denuncias con pruebas y evidencias concretas. Sino, sería evidente que son parte de un juego mediático que no solo intenta silenciarnos y, peor aún, que busca poner en riesgo la autonomía universitaria garantizada por los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.
La UCR no ha dejado de realizar debates sobre el TLC. Ojalá que los partidarios del tratado hagan acto de presencia y debatan. Además, las unidades académicas y los grupos universitarios continúan ejerciendo su derecho a organizar actividades que permitan profundizar el análisis sobre el efecto negativo del TLC en el desarrollo nacional. Si los partidarios del tratado no están satisfechos con la situación actual, les instamos a que organicen debates y actividades académicas. Nada se los impide. Si nos invitan a participar, a diferencia de ellos, haremos acto de presencia en cualquier actividad a la que nos convoquen porque confiamos en la solidez de nuestros argumentos y de nuestras convicciones. Nosotros les emplazamos desde este momento a debatir sobre las universidades públicas y el TLC en el lugar, día y hora que nos indiquen.
¿Y el debate nacional? Pareciera que los partidarios del tratado tienen una doble medida de lo que es el equilibrio: una dentro de la UCR y otra a nivel nacional. Es así como frente a la puntillosa exigencia de equilibrio que se le hace a la UCR se guarda un silencio sepulcral frente a la forma descarada en que el gobierno sigue usando recursos públicos para hacer campaña a favor del tratado, o no se le exige a canal 13 acceso equitativo para ambas partes, ni se censuran los cierres de programas contrarios al tratado y mucho menos se le exige a los medios comerciales de comunicación que hacen una campaña permanente y tendenciosa a favor del tratado a que mantengan un equilibrio en el acceso democrático a ambas partes.
Sobre la toma de la posición institucional de la UCR contra el TLC. Manifestamos nuestra convicción de que las posiciones contrarias al tratado que han asumido el Consejo Universitario y la Rectoría por medio de la Comisión de Roces Constitucionales del TLC, son absolutamente acordes con el Estatuto Orgánico de la UCR que en su artículo 3 indica:
"La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo."
En esa línea, estas posiciones responden al modelo humanista, crítico, democrático y solidario de nuestra Universidad y, sobre todo, representan el sentimiento mayoritario de docentes, trabajadores administrativos y estudiantes que en su gran mayoría se inclinan por el rechazo del tratado.
Dado el 3 de junio en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
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